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Luego de siete días de detención ilegal, el papá del dirigente estudiantil Edwin Carcache exigió a las autoridades que le muestren a su hijo.

Edwin Carcache Bello dice que ha recibido información que a su hijo, quien es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, lo tienen aislado y sufriendo maltrato físico.

“Desde que fue detenido él había estado gritando las consignas que le molestan al Gobierno, y ahora me dicen que me lo han golpeado y que están tratando de diezmarlo, así como hicieron con Medardo (Mairena). Así que yo exijo a este Gobierno de que me muestre a mi hijo”, demandó Carcache Bello, este lunes, durante una visita a la sede de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“Lo tienen aislado, en camisola y calzoncillo, y de vez en cuando por las noches le tiran baldes de agua fría, lo están presionando sicológicamente, y una fuente de El Chipote nos dijo que este fin de semana lo empezaron a torturar”, afirmó el padre del detenido, tras revelar que la información la obtuvo a través de un contacto vinculado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote, sitio donde está detenido Edwin Carcache desde el martes 4 de septiembre. Dos días después fue presentado por la Policía Nacional como “cabecilla terrorista”.

Derechos humanos

Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, señaló que en el caso de Carcache se ha cometido una “sistemática violación al debido proceso”, debido a que el joven ha permanecido detenido sin que hasta hoy exista contra él una causa judicial abierta.

“Tanto la Constitución Política de Nicaragua, como el Código Procesal Penal son categóricos en señalar que las autoridades en resguardo de ciudadanos tienen 48 horas, a más tardar, para ponerlos a la orden de un juez competente y hasta ahora eso no ha sucedido con el joven Carcache”, planteó Cuevas.

El jurista agregó que otra de las violaciones que se está cometiendo contra Carcache es la falta de cumplimiento al recurso de exhibición personal, tramitado la semana pasada en los juzgados capitalinos, ya que fue nombrado un juez ejecutor que se encuentra fuera del país.

“Estamos hablando que las autoridades, cuya razón de ser es el respeto de la Ley, han irrespetado la Constitución y la Ley; por lo tanto, se están convirtiendo en funcionarios disociados que deberían ser destituidos”, apuntó Cuevas.