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La cantidad de trabajadores despedidos del Ministerio de Salud continúa en aumento y también el nivel de represión, porque se ha comenzado a mandar a sus casas a doctores bajo acusaciones, amenazas e incluso citatorios policiales, tal como ocurrió con una especialista a quien le aseguran que de no llegar a la cita, será capturada y procesada judicialmente.

La especialista en Lactario, Idania Cruz Flores, fue despedida el viernes 7 de septiembre y ya le llegó la cita policial, sin que se especificara la razón de su requerimiento.

Cruz afirmó que su mamá recibió la cita y le advirtieron que de no acudir, habría represalias.

“¿Por qué (la cita)? No sé. Lo único que dice es: arreglar asunto. Nada más. Hoy no fui, pero si no me presento a la segunda cita, dicen que me van a echar presa y llevar a los Juzgados”, expresó.

Cruz afirmó que la cita policial la recibió tres días de su despido e interpuso la denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La especialista aseguró que su pecado fue no participar en las marchas del Gobierno.

A nivel nacional la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Oacnudh), en su último informe presentado la semana pasada tiene registrado un aproximado de 300 despidos de personal del Ministerio de Salud y se suman por lo menos 20 adicionales, aunque podrían ser más, ya que no todos denuncian sus casos por temor a represalias.

Los últimos despidos de médicos se registraron en la primera semana de septiembre: 12 del hospital San Juan de Dios, de Estelí; tres del municipio de La Trinidad, entre el viernes y este martes se sumaron cinco, entre ellos dos más del San Juan de Dios, otro de La Trinidad y uno del centro de salud Leonel Rugama. El lunes también se conoció del despido de dos doctores en Matagalpa.

Denuncian amenazas

De los doce especialistas médicos y dos trabajadores de la salud, al menos 7 alegaron haber sido amenazados después de interponer denuncias.

En el caso de la pediatra Elieth del Rosario Centeno Castellón, luego de la denuncia que interpuso en CPDH la semana pasada, la llamaron a su celular advirtiéndole que tuviera cuidado porque podía terminar detenida y al día siguiente dos tipos en moto le arrebataron su dispositivo móvil.

Otro bajo amenazas es el doctor Luis Adolfo Ibarra, quien durante el conflicto en la ciudad por los tranques, atendió a todos los heridos que llegaban, por lo que forma parte de una lista de médicos señalados por el régimen.   

La doctora Mayra Galeano comentó que los despidos van escalonados. 

El doctor Carlos Roberto García, despedido el 3 de septiembre, señaló que la separación de sus puestos laborales es violatoria de los procedimientos legales y denunció que el Gobierno está preparando a sus sustitutos traídos del extranjero.

“Hay 60 médicos cubanos en el hotel Vuela Vuela (de Estelí) y aparentemente vienen a sustituirnos”, afirmó el médico, agregando que hay una lista de doctores despedidos que fue llevada a la Policía de la ciudad y a la Alcaldía, desconociendo para qué.

El procurador laboral de la CPDH, José López, destacó que todos estos despidos son ilegales en Estelí, Carazo, Matagalpa, León y Managua, entre otros departamentos.

Prestigiosa revista británica denuncia criminalización de médicos

Keysi García
kgarcia@elnuevodiario.com.ni

Ante los recientes despidos de doctores en el Ministerio de Salud, como represalia por participar o atender heridos de las protestas, la revista científica británica The Lancet denunció la “criminalización” de la atención médica y la politización de esta profesión, en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

Toda esta situación también estaría “amenazando el futuro de la profesión médica en el país. Los residentes han perdido a sus supervisores y muchos estudiantes de Medicina no han vuelto a clases”, refirieron a la revista fuentes médicas nicaragüenses.

En el artículo publicado el fin de semana, se hace hincapié en los casos de  profesionales de la salud que han sido criminalizados, echados de sus puestos laborales y estigmatizados como “golpistas” por las autoridades gubernamentales.

La revista británica también reveló que contactó a la ministra de salud nicaragüense, Sonia Castro, sobre las denuncias recibidas, y que ella respondió a través de un correo electrónico enviado a los editores, que dichos despidos obedecían a causas “válidas”, como abandonar sus puestos en horario laboral, faltas graves y atención inadecuada a los pacientes.

Castro también afirmó que se brindó atención a todos los heridos en las protestas, a pesar de que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) hayan responsabilizado directamente al Estado por negar servicios de emergencia a manifestantes.

Los informes

La Asociación Médica Nicaragüense (AMN) habla de más de 300 despidos en hospitales, centros de salud y universidades públicas de Nicaragua, no de forma masiva, sino escalonada.

Además, los profesionales de la salud continúan siendo víctimas de asedio y persecución, denunció también el doctor Carlos Duarte, secretario de la junta directiva de la AMN.

“Son amenazas de muerte, acoso y persecución, los siguen todo el día y los andan vigilando”, sostuvo Duarte.