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La Policía Nacional presentó este jueves como “terroristas” a dos ciudadanos que participaron en los tranques de protesta contra del Gobierno. Con ellos, son diez los manifestantes opositores que han sido acusados por ese mismo delito en los últimos tres días.

Jorge Gómez Moraga, originario de Masaya, y Yubanke López, de Tipitapa, fueron señalados como “delincuentes dedicados a cometer actos terroristas y causar zozobra entre la población”, según la versión policial, y serán procesados por los delitos de terrorismo, secuestro, asalto, extorsión y tortura.

Gómez “es autor de ataques con fusil AK a instalaciones de la delegación policial de Masaya, resultando varios compañeros policías heridos por impactos de bala. Participó en secuestros, tortura y asalto a pobladores en tranque de Mebasa, de la carretera Las Flores-Catarina”, declaró a periodistas oficialistas el comisionado mayor Farle Roa, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

Como “evidencias” para la judicialización de Gómez, la Policía indicó que presentará un revólver, un fusil AK 47 y cuatro armas artesanales.

Aunque Gómez también fue señalado por las autoridades policiales de cometer asesinato, en la conferencia de prensa brindada este jueves no se precisó el supuesto crimen ni el nombre de la víctima.

A Yubanke López, presentado por la institución policial como “cabecilla terrorista”, lo responsabilizan de levantar tranques en los barrios Orontes Centeno, San Jorge, San Rafael y Yuri Ordóñez, del municipio de Tipitapa, y de “abastecerlos de armas industriales y artesanales”, de acuerdo con la versión policial.

“Serán remitidos a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento”, sentenció el comisionado mayor Roa.

Con estos casos, asciende a 31 la cantidad de personas presentadas por la Policía Nacional como terroristas entre el 3 y el 13 de septiembre. Sin embargo, organismos de derechos humanos locales registran a más de 300 “presos políticos” en las cárceles del país.

A la mayoría de los detenidos, entre los que se cuentan universitarios y líderes de protestas, se les ha hecho los mismos señalamientos: causar “zozobra entre la población” por medio de ataques armados a instituciones públicas, secuestros, extorsiones, torturas y entorpecimiento a los servicios públicos.