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Los ojos del mundo han estado sobre Nicaragua desde abril pasado, cuando inició la crisis sociopolítica que ha estremecido al país con la muerte de más de 300 personas, la ralentización de la economía y el aumento de la migración de ciudadanos hacia el exterior, en especial hacia Costa Rica.

La crisis del país ha sido seguida con atención por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La OEA ha emitido tres declaraciones en las que ha condenado la violación a los derechos humanos.

La última resolución de la OEA trae una nueva presión para el gobierno, porque abre la posibilidad a la comunidad internacional de aplicar sanciones bilaterales, como establece el punto número siete.

En ese numeral, se hace un llamado a los “Estados miembros y observadores a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas diplomáticas apropiadas para coadyuvar al restablecimiento del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Nicaragua”.

El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez señala que bajo esta premisa, diversos países podrían aplicar a su discreción sanciones de carácter económico, comercial e inclusive militar. “Creo que esas sanciones no solamente vendrán de Estados Unidos, porque la resolución insta a todos los estados de la OEA a imponer las sanciones que estimen convenientes”, advirtió.

Agrega que cuando se da una crisis en la que se registran violaciones a los derechos humanos, se producen una serie de externalidades que suelen ser absorbidas por los países vecinos, tal es el caso de la migración masiva, tal como está ocurriendo en América del Sur con Venezuela, y lo que ha estado pasando en los últimos cuatro meses, que más de 20,000 nicaragüenses han decidido emigrar hacia Costa Rica.

“Entonces, aquí en Centroamérica los países vecinos podrían establecer sanciones de carácter comercial, diplomáticas, de carácter militar incluso contra Nicaragua, a partir de este momento”, dice Velásquez.La última resolución de la OEA trae una nueva presión para el gobierno, porque abre la posibilidad a la comunidad internacional. Archivos\END

 

El exrepresentante de Nicaragua ante la ONU, Julio Icaza Gallard opina que una alternativa real es que el gobierno nicaragüense acate las recomendaciones de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y posteriormente retomar el diálogo.

“Mientras esto no se lleve a cabo, el aislamiento y la condena internacional serán mayores, con consecuencias gravísimas en lo económico y social. Nicaragua ya empieza a ser vista como un Estado forajido, merecedor de sanciones, por estar fuera del orden jurídico internacional y representar una amenaza creciente a la paz y la seguridad”, afirma Icaza.

La resolución del 12 de septiembre pasado fue aprobada por 19 países y en esta se exhorta al gobierno nicaragüense a cumplir con su compromiso de brindarle la asistencia necesaria al Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

También hace un llamado a generar las condiciones que permitan restablecer el diálogo nacional y que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional.

Icaza dice que ese seguimiento al caso nicaragüense “está dando una gran importancia al tratamiento multilateral del problema”, lo que ha quedado demostrado con las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA.

“Desde el ámbito de las Naciones Unidas se ha reunido el Consejo de Seguridad para informarse de la situación; el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha presentado un informe objetivo y valiente sobre la verdadera situación y el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra se apresta a examinar el problema a partir de una declaración firmada por 36 países”, señala Icaza.

Un caso inédito 

José Luis Velásquez sostiene que lo sucedido en el exterior, sobre el caso nicaragüense, es algo sin precedentes porque en un lapso de tiempo bastante breve recorrió todas las instancias del sistema internacional.

“En el término de aproximadamente cuatro meses y dos semanas, el caso recorrió todas las instancias del sistema internacional, empezando en los organismos subregionales, como el Sistema de Integración Centroamericana, pasando por la OEA y llegando hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, comenta Velásquez.

Sin embargo, Icaza indica que estas organizaciones internacionales por sí solas no tienen capacidad de incidir con acciones de fuerza.

“Pero, todas estas resoluciones y recomendaciones sirven de paraguas o marco legal para las acciones que los países individualmente puedan tomar con el fin de obligar al gobierno nicaragüense a cumplir con sus compromisos internacionales, particularmente en materia de derechos humanos y democracia”, afirmó.

En las diferentes sesiones de la OEA y la ONU, el Canciller nicaragüense Denis Moncada ha negado las violaciones a los derechos humanos. Archivo\END

Sobre la más reciente resolución condenatoria que la OEA aprobó contra Nicaragua, hace cuatro días, Velásquez destaca que también contiene otras exhortaciones positivas, como el llamado a restablecer el diálogo.

“Esta nueva resolución trata de romper el impase en el que nos encontramos en este momento, precisamente cuando se ha recrudecido la represión, por las detenciones ilegales, los secuestros que se están realizando, las torturas y desapariciones, y ha cortado plenamente la posibilidad de una salida política a través del diálogo. Entonces, eso es lo que se trata de retomar ahora y esa es la importancia de esta resolución”, explica Velásquez.

Argumeto fallido 

Velásquez e Icaza estiman que aunque el gobierno ha tratado de vender a nivel internacional que lo sucedido en Nicaragua se trata de un golpe de Estado, ese argumento ha quedado desacreditado ante la comunidad internacional, por el hecho de que las violaciones a los derechos humanos han sido registradas plenamente en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Velásquez afirma que el relato que el gobierno ha venido articulando a través de la crisis, está totalmente destrozado por esos informes.

Añade que el gobierno “se deslegitimó cuando violentó sistemáticamente los derechos humanos, realizando una masacre sin precedentes en la historia de Nicaragua”.

Según Icaza, las declaraciones del presidente Daniel Ortega en medios internacionales importantes han sido “contradictorias y evidentemente falsas; han contribuido a generar una imagen errática, irresponsable, totalmente desligada de la realidad”.

Nica Act sería discutida este mes

Políticos estadounidenses de ambos partidos (Demócrata y Republicano) siguen impulsando la aplicación de sanciones a colaboradores del Gobierno, entre estas la ley Nica Act que podría ser discutida y aprobada en el senado este septiembre, dijo a EL NUEVO DIARIO una fuente vinculada al congreso estadounidense.

“Se espera que los senadores voten por el proyecto de ley presentado en el senado por el congresista Ted Cruz, llamado Nica Act”, señaló la fuente que solicitó el anonimato.

La Nica Act es un proyecto de ley que, de ser aprobada por el Senado tendría, deberá ser ratificada por el presidente Donald Trump. Su propósito es obligar al gobierno de Estados Unidos a oponerse a la entrega de fondos a Nicaragua, de organismos multilaterales.

En octubre del año pasado, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, también conocida como Cámara baja, aprobó sin objeciones la Nica Act.

Según la fuente del Congreso, a la versión de la Nica Act que podría ser aprobada este septiembre se agregaría como enmienda el proyecto de Ley del senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, llamado “Ley 2018 para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua”, cuyo principal objetivo es sancionar a miembros y allegados del gobierno nicaragüense.

“El proyecto de Ley presentado en el senado por el congresista Cruz llamado Nica Act es una versión igual a la de la Cámara de Representantes, que también fue presentado por el senador Cruz y que cuenta con el respaldo de otros senadores destacados”, dijo la fuente.

Señaló que las personas a las que se buscaría sancionar serían distintas a las que ya han sido castigadas con la Ley Global Magnitsky. Estos son el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; el ex presidente de Albanisa, Francisco López; el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz y al ex presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes.

“En inglés se llama “Targeted Sanctions”, es decir, a objetivos específicos. Para eso, tendría que ser tomada en cuenta la recomendación de los legisladores, basados en la información que tengan sobre esas personas que estén violando los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses”, puntualizó la fuente.

La posición de Nicaragua

En las diferentes sesiones de la OEA y la ONU, el Canciller nicaragüense Denis Moncada ha negado las violaciones a los derechos humanos, la cifra de muertos y el haber aplicado un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes pacíficos.

Según Moncada, las acciones de los manifestantes opositores son parte “del terrorismo y el crimen organizado transnacional” que intentan destruir Nicaragua.

“En el país se inició y continúa desarrollando un intento de golpe de estado, una ruptura del orden constitucional. Hoy, Nicaragua está siendo afectada por ese fenómeno, mañana puede ocurrir en uno u otro de los países de América Latina y El Caribe miembro de la Organización de los Estados Americanos.

Es un peligro latente, es una amenaza presente que afecta en este momento no solo a Nicaragua, sino también a la seguridad y a la estabilidad de la región”, expuso Moncada en una de las sesiones de la OEA.

El diplomático invitó a los representantes a analizar con calma el fenómeno que está ocurriendo en Nicaragua y acentuó que el Gobierno está cumpliendo con la Constitución y la Ley actuando “en correspondencia para resolver la situación interna de Nicaragua por un lado en el diálogo conversando para rescatar, restituir la estabilidad, la seguridad, el cese a la violencia, y el libre tránsito en todo el país; y el diálogo y la conversación para discutir los grupos que algunos grupos pequeños de oposición están planteando como necesidad de fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad en Nicaragua”.

Las sesiones de la OEA y la ONU por la crisis en Nicaragua

 23 de junio
Once países de los trece que tomaron la palabra en el consejo permanente de la OEA condenaron la represión en Nicaragua durante los últimos dos meses y demandaron al gobierno parar el uso excesivo de la fuerza y celebrar elecciones anticipadas.

 12 de julio
El secretario general de la OEA le pide al Gobierno de Nicaragua que responda la solicitud de adelantar elecciones, señalando que es necesario resolver el conflicto en las urnas, mientras el representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que su país “continúa creyendo firmemente que las elecciones adelantadas constituyen la manera más constructiva de progresar”.

 14 de julio
En una sesión permanente del Consejo Permanente de la OEA, el secretario general de este organismo, Luis Almagro y las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Perú y Estados Unidos, hicieron un llamado a fortalecer las instituciones democráticas en Nicaragua e insistieron en la propuesta de realizar elecciones adelantadas como la salida para superar la crisis que atraviesa este país.

 18 de julio
La OEA emite aprueba una resolución de condena a la violencia y la represión en Nicaragua y exhorta al Gobierno a reanudar el diálogo nacional y acordar con la oposición un calendario para adelantar las elecciones.

 3 de agosto
La OEA anuncia que formará un grupo de trabajo que ayude al diálogo en Nicaragua a través de “medidas de apoyo, acompañamiento y verificación”, lo que fue rechazado por el Gobierno nicaragüense, que la tildó de “hostigamiento” y “revanchismo político diplomático”.

 12 de septiembre
El Consejo Permanente de la OEA exhorta al Gobierno de Nicaragua a que apoye “un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de diálogo nacional”, al aprobar una tercera resolución en pro de una salida pacífica a la crisis nicaragüense.

 6 de Septiembre
El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), realizó una sesión para discutir la crisis de Nicaragua, en la que hicieron un llamado a retomar el diálogo con todas las partes.