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Al menos 11 personas que están siendo enjuiciadas por terrorismo y otros delitos, tras liderar las protestas contra el Gobierno, tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que según organismos locales que dan seguimiento a la crisis “refleja el irrespeto e incumplimiento del Estado con sus obligaciones internacionales”.

Entre los procesados que tienen medidas cautelares están los hermanos Cristian y Santiago Fajardo, líderes del Movimiento 19 de Abril Masaya, y María Adilia Cerrato, esposa de Cristian, quien también está siendo procesada por terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de los servicios públicos y secuestro.

Además están siendo enjuiciados el líder campesino, Medardo Mairena, y el dirigente estudiantil, Edwin Carcache, ambos de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

A Carcache le atribuyen delitos de terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, robo agravado, facilitación de evasión (fuga de reo), portación ilegal de armas, tentativa de homicidio e incendio.

A Mairena lo acusan de terrorismo, crimen organizado, secuestro simple, asesinato, daños a la propiedad pública, entorpecimiento de servicios públicos (transporte) y lesiones.

Los estudiantes Yubrank Suazo, Levis Josué Artola Rugama y Yaritzha Rostrán Mairena, todos con medidas cautelares, también enfrentan procesos judiciales.

Edwin Carcache.

Estos reos son considerados como “presos políticos” porque fueron capturados por civiles encapuchados o por la policía tras participar en protestas antigubernamentales, sin orden judicial ni cometiendo delitos, según denuncias de sus familiares y organismos de derechos humanos.

Consecuencias

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), sostiene que el irrespeto a las personas con medidas cautelares “evidencia el incumplimiento del Gobierno con sus obligaciones, que es acordar con el beneficiado cuáles son las medidas que deben adoptarse para su seguridad, pero nada de eso está pasando”.

Núñez explica que aunque las medidas que otorga la CIDH no son de obligatorio cumplimiento, como sí lo son las que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el irrespeto a las personas con medidas cautelares tiene consecuencias de carácter moral”.

“Todas estas violaciones a las medidas cautelares son documentadas por la CIDH y se vuelven un elemento importante para las decisiones políticas que toman los organismos de la OEA, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo Permanente y la Asamblea General”, explica la presidenta del Cenidh.

Cuatro condenados

Los promotores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Jaime Ampié, William Picado, Reinaldo Lira y Julio Ampié quienes fueron declarados culpables de homicidio frustrado y lesiones. Todos poseen medidas cautelares.

Pablo Cuevas, asesor jurídico de la CPDH, dice que el incumplimiento del gobierno de Ortega a las medidas cautelares que otorga la CIDH tienen un doble mensaje: “A la comunidad internacional le dice que no le importan sus decisiones y a los ciudadanos les dice que no importa el revestimiento que tengan y pueden hacer lo que les da la gana”, analiza.

A lo largo de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, la CIDH ha otorgado 114 medidas cautelares a personas, que considera se encuentran en riesgo grave y urgente de daño irreparable a sus derechos humanos, y en muchas de ellas la CIDH ha solicitado además proteger a sus familiares.

En un informe del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) emitido este martes, la CIDH instó al Estado implementar de manera efectiva e inmediata las medidas cautelares otorgadas a personas que continúan siendo objeto de actos de violencia y hostigamiento.

La comisión ha sido informada que incluso algunas personas beneficiarias salieron del país en vista de su situación de riesgo.

“La CIDH reitera que tal y como ha sido indicado en las resoluciones adoptadas, el Estado debe asegurar tanto que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las y los beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros”, expresó el organismo.