•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Web

El comisionado Joel Hernández, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegura que el delito de terrorismo “no tiene nada que ver con un contexto de protesta”, por lo que los jueces nicaragüenses que conozcan acusaciones de este tipo deben ser “muy rigurosos”, para llegar a conclusiones justas.

El viceministro de Gobernación, Luis Cañas dijo ayer a medios oficialistas que en los centros penitenciarios de Managua hay 204 personas acusadas de “actos vandálicos y terrorismo”, sin embargo organismos de derechos humanos sostienen que en todo el país hay 571 personas encarceladas por manifestarse en contra del Gobierno

“En un contexto general el terrorismo se aplica a otras conductas ilícitas, aquellas que tienen por objeto causar temor entre la población con el propósito de obligar a las autoridades de que tomen o dejen de tomar una acción particular. Aquí estamos hablando de otra situación totalmente diferente. No tiene nada que ver con el contexto de protesta”, dijo a El Nuevo Diario el relator de la CIDH, Joel Hernández.

El relator llamó a los jueces nicaragüenses a ser “muy rigurosos” con estas acusaciones y aseguró que se debe insistir en la independencia judicial “para que los jueces hagan bien su trabajo y puedan llegar a conclusiones justas”.

El comisionado Hernández concluyó este jueves una visita a Nicaragua y lamentó que las autoridades nicaragüenses le hayan negado el acceso a las cárceles y no hayan aceptado reunirse con él. 

“No tuvimos autorización para ingresar a las cárceles. No hubo respuesta de parte del Gobierno y tampoco hubo respuesta para poder reunirnos con las autoridades. Esto hubiera sido una muy buena oportunidad para poder contrastar información y conocer cuáles son las políticas que está siguiendo el Gobierno en las detenciones”, agregó el relator.

Este miércoles el relator para privados de libertad de la CIDH se reunió con familiares de detenidos e identificó deficiencias y faltas en el debido proceso contra los manifestantes. 

“Han sido testimonios muy dramáticos sobre la situación en que se encuentran las personas privadas de libertad. Hay testimonios de personas en donde nos relatan que ha habido abuso de la fuerza en las detenciones y en el tratamiento, lo cual podría dar indicios de malos tratos y hasta de tratos denigrantes”, comentó Joel Hernández.