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El Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (Cenidh) asegura que de un centenar de recursos de exhibición personal a favor de presos políticos, en el 80% de los casos, los jueces ejecutores nombrados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no asumen su función obligatoria.

Señalan que en la mayoría de los casos, estos jueces son abogados que laboran en una institución del Estado o personas con mucho tiempo sin ejercer la abogacía. Esta semana recibieron el caso de un juez ejecutor que cobró US$250 por hacer su trabajo.

Juan Carlos Arce, abogado del Cenidh, aseguró que hay personas que han tenido que recurrir a 7 abogados para poder aplicar el recurso de exhibición personal de un familiar detenido. “Hemos llamado a algunos jueces nombrados y nos han dicho de mala gana que no van a proceder a ejecutar el mandamiento”, mencionó Arce, quien añadió que la mayoría que se nombran como jueces ejecutores, tienen temor de llegar a los distritos, sobre todo a la Direccion de Auxilio Judicial conocida como El Chipote.

Mala fe

Arce considera que hay mala fe detrás de los nombramientos de jueces ejecutores, ya que los mandamientos son dirigidos a personas que trabajan para el Estado y que no van a ejecutar su función.

Como fue el caso de Yubrank Suazo, a quien se le nombró un juez ejecutor fallecido. “Estoy seguro que no es una cuestión de azar o un problema de datos. Hay una mala fe en los nombramientos”, aseguró el abogado.

A su criterio, los recursos de exhibición personal han dejado de ser efectivos, porque la policía no deja entrar a los jueces ejecutores y no presenta a la persona detenida.

Afirmó que hay que depurar la base de datos de abogados, ya que la falta de refinación ha generado inconvenientes que han dificultado acceder a la justicia a los presos políticos.

“Hay un caso en que una familiar de un preso político tuvo que cambiar 7 veces de juez ejecutor porque algunos no viven en las direcciones que le proporcionó la CSJ o porque otros han salido del país o simplemente se niegan a ejecutar el mandamiento”, precisó Arce.

No debe negarse

Explicó que el trabajo de los jueces ejecutores no tiene ningún costo. El juez ejecutor que se atreva a pedir algún tipo de pago, incurre en una falta grave que debe ser reportada a la CSJ, dijo Arce.

Una persona que prefirió el anonimato, reveló que un abogado nombrado como juez ejecutor, le pidió US$250 para ejecutar un recurso de exhibición personal a favor de un familiar detenido por protestar en contra del Gobierno. Afirmó que esta persona lo estuvo hostigando e insistiéndole que ejecutaría el recurso si le pagaba lo que pedía.