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La propuesta de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua 2018, que discutirá el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el próximo miércoles 26, incluye posibles sanciones económicas y migratorias a funcionarios, exfuncionarios y asociados del gobierno de Nicaragua.

La iniciativa también permite un “waiver” o exención de esas sanciones, en caso de que mejoren las condiciones democráticas y de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.

Impulsada por los senadores Bob Menendez, Ted Cruz, Marco Rubio, Bill Nelson, Dick Durbin, David Perdue, Patrick Leahy, Tim Kaine, Ben Cardin, Tom Cotton y John Cornyn, la ley pretende sancionar a las personas responsables de actos de violencia y abusos de los derechos humanos en Nicaragua.

El proyecto plantea castigar a los responsables de actos “significativos de violencia o violaciones de derechos humanos” en el contexto de las protestas, que comenzaron el 18 de abril de 2018. 

Asimismo, serían objeto de sanciones los “responsables o cómplices” de ordenar, controlar o dirigir acciones o políticas significativas que socaven la democracia e institucionalidad en Nicaragua.

También se castigaría a los “funcionarios del Gobierno de Nicaragua, o un asociado principal de dicho funcionario, que es responsable o cómplice de ordenar, controlar o dirigir actos de corrupción significativa, incluida la expropiación de bienes privados o públicos para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales, sobornos o la facilitación o transferencia del producto de la corrupción a jurisdicciones extranjeras”.

Certificación y Waiver

El proyecto de ley ordena al Secretario de Estado presentar un informe de certificación a más tardar 180 días después de aprobada la ley, que confirme si el gobierno de Nicaragua ha tomado “medidas efectivas” para fortalecer la democracia, institucionalidad y lucha contra la corrupción.

En ese sentido, los senadores indican que las medidas de mejora de la democracia en Nicaragua incluyen el combate a la corrupción, investigar y enjuiciar a los funcionarios del gobierno involucrados en actos de corrupción; proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil a operar sin interferencia.

Por otro lado, la propuesta de ley plantea la oportunidad de un waiver (conocido también como dispensa o exención), que faculta al presidente de Estados Unidos a suspender durante un año las sanciones, ya sea al gobierno o a personas en particular.

Tanto los informes de certificación como el del waiver se presentarán anualmente y el primero será 180 días después de aprobada la ley.

Las sanciones, certificaciones y waivers tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, señala el proyecto.

¿En qué consisten las sanciones?

Esta ley habilitaría al presidente de Estados Unidos a hacer uso de la Ley de poderes económicos de emergencia internacionales, para “bloquear y prohibir todas las transacciones” a las personas que sean sancionadas.

Las medidas incluyen congelar a la persona afectada los bienes que tiene en los Estados Unidos o están bajo la posesión o el control de una persona de los Estados Unidos.

Además, a los sancionados se les revocará la visa o serán expulsados de los Estados Unidos, si se encuentran en ese país.

Finalmente, el presidente de Estados Unidos emitiría las regulaciones, licencias y órdenes que sean necesarias para ejecutar la ley.

En Nicaragua, el gobierno ha negado que su gobierno cometiera acciones de violencia contra los manifestantes.

El gobierno nicaragüense también se mostró interesado en participar en la Asamblea General de la ONU. El discurso de Nicaragua en esa cita diplomática está previsto para el miércoles 26 de septiembre, en Nueva York.