• Managua, Nicaragua |
  • |
  • |
  • Edición Web

El cardenal Leopoldo Brenes, dijo esta mañana que cualquier ley que se discuta en el senado de los Estados Unidos en contra del gobierno de Nicaragua será una medida que afectará a los más pobres del país.

"El gobierno estará pensando en plan B, pero sabemos todo el apoyo que se puede perder con esa ley que va afectar a Nicaragua y de manera especial a los más pobres", indicó Brenes.

El cardenal también se refirió a la disposición del presidente Daniel Ortega de no admitir un adelanto al calendario electoral en función de buscar una salida a la crisis de Nicaragua, y de la negativa de retomar las negociaciones a través de un diálogo.

"No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante... el reto a seguir es sentarnos a platicar antes de llegar a un precipicio", advirtió el cardenal Brenes.

Durante su homilía dominical, el cardenal instó a la feligresía a no convertirse jamás en personas cerradas, "sino más bien el señor nos llama a ser personas abiertas a escuchar las críticas, y si estas críticas no tienen ningún sentido, ni ninguna base, pues nadie tiene por qué molestarse", expresó Brenes en la catedral de Managua.

La propuesta de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua 2018, que discutirá el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el próximo miércoles 26, incluye posibles sanciones económicas y migratorias a funcionarios, exfuncionarios y asociados del gobierno de Nicaragua.

La iniciativa también permite un “waiver” o exención de esas sanciones, en caso de que mejoren las condiciones democráticas y de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.

Impulsada por los senadores Bob Menendez, Ted Cruz, Marco Rubio, Bill Nelson, Dick Durbin, David Perdue, Patrick Leahy, Tim Kaine, Ben Cardin, Tom Cotton y John Cornyn, la ley pretende sancionar a las personas responsables de actos de violencia y abusos de los derechos humanos en Nicaragua.

El proyecto plantea castigar a los responsables de actos “significativos de violencia o violaciones de derechos humanos” en el contexto de las protestas, que comenzaron el 18 de abril de 2018.