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El abogado Gustavo García Prado, del Grupo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que denunció al magistrado del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, en febrero pasado, aseguró ayer que no habrá nueva denuncia contra Rivas, sino que solicitará mediante escrito al Ministerio Público, que se pronuncie sobre la denuncia de enriquecimiento ilícito, ya que solo lo hizo sobre peculado, malversación y defraudación aduanera.

“No existe otra denuncia a interponerse contra el ciudadano Rivas, porque sencillamente el Ministerio Público lo que hizo fue pronunciarse sobre otros delitos, pero nunca sobre el enriquecimiento ilícito, por lo tanto este hecho, punible todavía, está en poder del Ministerio Público para investigarse, y está más obligado ahora a hacerlo partiendo de las declaraciones del presidente de la Contraloría General de la República, Argüello Poessy, quien expresó que el ciudadano Rivas no había mandado su declaración de probidad”, señaló el jurista.

García también relacionó la falta de entrega de la declaración de probidad de Rivas, con el período en que éste aumentó considerable y visiblemente su capital.

Fiscalía debe investigar

Según García, la Ley de Organización del Ministerio Público, en sus artículos 32, 33 y 34 y el artículo 8 de su Reglamento, obliga a la Fiscalía a mandar a la Policía Nacional y a cualquier otra institución del Estado a hacer las investigaciones correspondientes y eso ya está avanzado.

“La única institución encargada para ver si hubo o no declaración de probidad es la Contraloría, y ya su presidente declaró públicamente que no hubo, así que el MP ya tiene un avance para abrir el caso de un posible hecho punible”, explicó el abogado.

Sobre los argumentos que dio el fiscal Manuel Reyes para desestimar la acusación, García expresó que “son sin valor, subjetivos y no jurídicos para tomar esa decisión, porque si realmente el MP hubiera realizado las investigaciones, habría ido a la Dirección General de Aduanas a ver el número de póliza que señalé en la denuncia, para que la saquen y verifique con técnicos aduaneros si es cierto o no que hubo fraude aduanero; por eso yo dudo de que se haya hecho una investigación correcta por parte de la Fiscalía, lo que se está viendo es un proteccionismo a Rivas”, recalcó García.

Opciones en la Asamblea

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais Arana, informó ayer que la bancada liberal analiza las opciones a tomar en caso de que el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto José Rivas Reyes, no entregue su declaración de probidad a la Contraloría General de la República este jueves 14 de mayo.

Dijo que a lo interno de la bancada legislativa se analizan las diferentes opciones de ley, para obligarlo a dar su declaración de probidad al ente fiscalizador, e impulsar una investigación oficial para determinar si en realidad existe enriquecimiento ilícito, y si existen méritos judiciales para entablar acción penal o destitución del cargo.

“Ningún funcionario honesto debe temer a que las autoridades del Estado conozcan sus declaraciones de probidad, a menos que haya un enriquecimiento ilícito que no sepa explicar, pero todo eso lo estamos analizando y lo vamos a decidir, si al jueves el señor Rivas no da la cara a la Contraloría”, anunció el diputado liberal.