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Algunos personajes influyentes del Senado de Estados Unidos “buscaron cómo lograr un ‘aterrizaje suave’ a la crisis (de Nicaragua), a través del diálogo nacional mediado por la Conferencia Episcopal, y elecciones limpias, justas y observadas en marzo-junio de 2019”, recuerda el excanciller Francisco Aguirre Sacasa. Pero, “al no prosperar esta iniciativa”, buscan ayudar para restablecer la democracia por otras vías.

Se especula que este 26 de septiembre el Senado aprobará un proyecto de ley sancionando al Gobierno de Nicaragua. ¿Qué nos puede contar de eso?

Desde antes de abril, existía un malestar en Washington por la erosión de la democracia y la corrupción en Nicaragua. Tan es así que la Cámara de Diputados aprobó la Nica Act impulsada por Ileana Ros-Lehtinen en 2017. En septiembre de 2017, el Tesoro estadounidense advirtió a los bancos nicaragüenses que serían castigados si manejaban depósitos y trasferencias de fondos de Pdvsa-Albanisa. Y a finales del año, el Gobierno norteamericano incluyó en la lista de la Ley Magnitsky Global a Roberto Rivas, el entonces presidente del Poder Electoral. A raíz de los eventos después del 18 de abril, el senado también ha tomado cartas en este asunto.

Específicamente, el 18 de julio el Senador Bob Menéndez, junto con un grupo de colegas de ambos partidos, incluyendo Marco Rubio y Ted Cruz, introdujeron su propio proyecto de ley que sancionaría a violadores de derechos humanos, a corruptos y a aquellos que estaban socavando la democracia e institucionalidad en Nicaragua, con acciones tipo Magnitsky. Más recientemente, ambas cámaras del Congreso han estado trabajando en amalgamar los dos proyectos de ley. Te confieso que yo pensaba que este trabajo se hubiese completado en la primera quincena de septiembre, pero se ha retrasado.

¿Cuándo cree usted que será aprobado este proyecto de ley combinado?

Entiendo que la idea es terminar de consensuar lo que se conoce como la Magnitsky Nica esta semana, a fin de poderlo aprobar en ambas cámaras en octubre. Después, llegará a la Casa Blanca, donde el presidente Trump la firmará. Por cierto, este calendario es holgado y no implica riesgo de que el proyecto de ley caducase por no aprobarse antes de que concluyese el congreso actual en enero de 2019.

Usted dice que se ha retrasado este proceso. ¿Se debe a cuestiones burocráticas o hay problemas de fondo?

El proceso arrancó algo tarde porque el Senado no se había percatado de la seriedad de la crisis nicaragüense, hasta que los grandes diarios norteamericanos, como el Washington Post y el New York Times, comenzaron a destacar la magnitud del derramamiento de sangre en Nicaragua y la desestabilización que la crisis nicaragüense representaba para todo el istmo. También recordemos que Bob Menéndez y sus colegas estaban trabajando otro tema prioritario: la crisis venezolana. Finalmente, ciertos jugadores importantes en el Senado buscaron cómo lograr un “aterrizaje suave” a la crisis, a través del diálogo nacional mediado por la Conferencia Episcopal y elecciones limpias, justas y observadas en marzo-junio de 2019. Por eso, las visitas del señor Caleb McCarry, asesor principal para Latinoamérica en el Senado, y del embajador Carlos Trujillo, representante permanente de EE. UU. ante la OEA, a Managua. Pero, al no prosperar esta iniciativa, se endurecieron posiciones.

¿Dónde se dio ese endurecimiento?

En Managua. En la medida que el Gobierno optó por desmontar los tranques con el uso de la fuerza, la posibilidad de un aterrizaje suave, que, por cierto, tampoco fue inicialmente popular entre algunos elementos vocales de la Alianza Cívica, se fue esfumando. Considero que el golpe de gracia se lo dio el propio comandante Ortega el sábado pasado, cuando declaró que no participaría en un diálogo auspiciado por los obispos, que no adelantaría las elecciones y que el sector privado estaba contribuyendo a la destrucción de la economía y veladamente amenazó con castigarlo si volviese a unirse a un paro nacional. Con ese discurso y la cruenta represión de la marcha azul y blanca del domingo, que fue una suerte de punto de exclamación, Daniel quemó sus naves de cara a la flexibilización de la Magnitsky Nica. Como consecuencia, y contrario a lo que ocurrió en los ochenta, ahora en Washington ¡todos son halcones!

¿En qué consiste la Magnitsky Nica?

Sus objetivos son restablecer la democracia, el estado de derecho y la institucionalidad en Nicaragua. Apunta a promover esto en todos los poderes del estado. En cuanto a sanciones, el proyecto de ley limitaría el financiamiento de las instituciones financieras internacionales (IFIs) para Nicaragua. Estas son el BID, el Fondo Monetario y el Banco Mundial y conjuntamente son los que financian la mayor parte del programa de inversiones públicas en nuestro país. También sancionaría a individuos corruptos y/o que estuviesen socavando por su acción a la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. El Gobierno estadounidense puede quitarle la visa a los sancionados y en los casos más notorios buscaría congelar sus activos fuera de Nicaragua y castigaría a todos aquellos que fuesen cómplices en la transferencia o lavado de sus activos financieros. Esto es severo. Concluyo sobre este punto aclarando que anualmente el Departamento de Estado tendría que informarle al congreso sobre el desempeño del Gobierno
de Nicaragua en estas áreas. Basado en los adelantos o retrocesos, las sanciones se podrían ampliar o Washington podría disminuirlas a través de un “waiver” al estilo del que tuvimos por la propiedad.

¿No les preocupa a los norteamericanos que las medidas contempladas, especialmente las que conciernen a la ayuda de los organismos financieros, podrían terminar castigando al pueblo de Nicaragua?

Esto es algo que mucho se discutió en el Congreso a mediados del año y fue un punto que algunos actores nicaragüenses enfatizaron en su cabildeo. Pero, con el enorme daño que ha causado a la economía la manera en que el Gobierno ha enfrentado a las protestas cívicas, ya nadie lo discute. La verdad es que con más de 350,000 empleos perdidos, más de 110,000 personas que abandonaron al seguro social, 25,000 nicaragüenses que han migrado a Costa Rica, la toma de tierras por simpatizantes del Gobierno, y la reducción de cerca de US$1,000 millones de depósitos del público en el sistema financiero, nuestra economía ya se está desplomando. Calculo que nuestra contracción este año será de 5%, y Funides no anda lejos de mi valoración en su nuevo escenario más pesimista. O sea, que esa consideración ya no tiene peso. Es irrelevante.