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La Relatoría sobre los derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó al Estado de Nicaragua “reconsiderar las acusaciones formuladas por terrorismo” contra las personas detenidas en el marco de las protestas antigubernamentales y denunció el “uso excesivo de la fuerza que se ejercería al momento de las detenciones” sin haber resistencia de la otra parte.

La Relatoría recordó que la Ley 977, Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, aprobada por la Asamblea Nacional el 16 de julio, tiene por objeto “proteger la economía nacional y la integridad del sistema financiero” de estos delitos.

Resulta claro entonces, señala la CIDH, que el propósito de la tipificación del terrorismo se da en el marco específico de la Ley 977 y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de combate al terrorismo, “pero no puede extrapolarse esta figura penal a situaciones totalmente distintas”.

“La Relatoría hace un llamado al Poder Judicial a que ejerza el mayor escrutinio a las acusaciones formuladas por terrorismo, sobre todo cuando un elemento de tipo penal, el relativo a la ´alteración del orden constitucional´, es sumamente subjetivo y no forma parte de la práctica internacional para la represión del terrorismo”, explicó la CIDH.

La CIDH también recomendó al Estado de Nicaragua suprimir las detenciones sin orden judicial, presentar a los detenidos ante autoridad judicial en el plazo legal de no más de 48 horas y garantizar el trato digno.

El comisionado Joel Hernández, relator para privados de libertad de la CIDH, visitó el país entre el 18 y 20 de septiembre y este miércoles el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) emitió un comunicado con sus recomendaciones en esta materia.

Uso excesivo de la fuerza

Los testimonios recibidos por el relator durante su visita al país, coinciden en señalar que las detenciones son realizadas sin orden judicial, bajo la negativa de proporcionar información sobre los motivos, y en algunos casos, ejecutadas por grupos parapoliciales o civiles encapuchados.

Familiares de personas detenidas relataron a la CIDH anomalías como privación de libertad por varias horas en centros de detención clandestinos, “tales como instalaciones municipales o del partido de Gobierno antes de que las personas fueran trasladadas a las instalaciones policiales o a la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua”.

La Relatoría y el MESENI también recibieron información sobre el “uso excesivo de la fuerza durante las capturas sin haber resistencia de la otra parte.

“En particular, el uso excesivo de fuerza se presentaría mediante el despliegue de operativos desproporcionados en número y equipamiento, golpes con armas de fuego, amenazas, y patadas en las tinas de las camionetas mientras las personas son trasladas a un centro de detención”, detalló la CIDH.

Finalmente, la CIDH expresó que “la situación de las personas privadas de libertad en el contexto que atraviesa Nicaragua, es una de las principales preocupaciones de la Comisión”.

El comisionado Joel Hernández, reiteró al Estado su “plena disposición e interés permanente para visitar los centros de detención”, ya que durante su última visita eso le fue negado.

También sugiere a las autoridades nacionales comparar datos de detenidos y procesados ya que el Gobierno reporta 204 mientras los organismos de derechos humanos contabilizan más de 300.