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Centenares de familias que habían invadido terrenos privados en el sector de la Pista Suburbana, en Managua, empezaron a retirarse este viernes de las propiedades porque recibieron una advertencia de que serían desalojados por la Policía, pero es solo una pequeña parte de las áreas usurpadas.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que de 10 mil manzanas de tierras privadas que han sido invadidas en el contexto de la crisis, apenas unas 2,000 han sido desalojadas por los tomatierras, lo que significa que la mayoría siguen ocupadas ilegalmente.

Aguerri negó que la devolución de las propiedades, ocurridas en las últimas semanas, se deba a un arreglo entre los empresarios y el gobierno.

Los tomatierras desmantelaban este viernes sus casas improvisadas junto a la pista suburbana. Orlando Valenzuela\END

“Estamos lejos de que podamos volver a hablar de que hay una normalidad desde el punto de vista de la propiedad privada, cuando la inmensa mayoría de estas manzanas siguen sin devolverse a sus dueños indistintamente de quiénes sean”, afirmó el presidente del Cosep.

El último informe de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) señala que hasta este 28 de septiembre tenían registradas 63 denuncias de invasiones de propiedad y contabilizaban 9,800 manzanas afectadas, de las cuales 7,317 siguen ocupadas en 8 departamentos del país

La organización agregó que las pérdidas económicas en los terrenos invadidos por tomatierras, en el contexto de la crisis sociopolítica del país, ascienden a US$17.1 millones.

Upanic aseveró que las invasiones de tierras están “afectando los planes de producción, de inversiones, la generación de empleo y creando un ambiente de inseguridad en el campo”.

Otros daños

La organización estima que han sido afectados 9,010 empleos y también hay un daño económico de unos US$7.4 millones por lo que se denomina en términos técnicos como “lucro cesante”.

Según Upanic, esto corresponde a la producción agrícola que no se sembró a causa de las invasiones de terrenos productivos y producción perdida en rubros sensibles.

El 21 de septiembre, miles de precaristas que se habían tomado propiedades en la vía que va de carretera a Masaya a Sabana Grande, fueron desalojados por la Policía.

El último informe de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) señala que hasta este 28 de septiembre tenían registradas 63 denuncias de invasiones de propiedad.

Este viernes, algunas familias que había usurpado terrenos junto a la pista Suburbana, comenzaron a desmantelar sus casas precarias, la mayoría hechas de zinc y plástico negro, porque fueron avisados de que serían expulsados.

Los precaristas dijeron que desde el jueves en la noche varios “coordinadores” de la zona les notificaron que abandonaran esas propiedades, porque la Policía ejecutaría un desalojo.

Cosep: “paros no están sujetos a amenazas ni chantajes”

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, aseguró este viernes que la implementación de otro paro nacional, como una medida de presión al Gobierno de Nicaragua para buscar una solución a la crisis sociopolítica, será una decisión que no estará “sujeta ni a amenazas ni a chantajes de nadie”.

“Nosotros no estamos hablando ni de temores ni de amenazas. Los paros son acciones que se han tomado de acuerdo a las circunstancias y va a seguir siendo una decisión del sector privado, que no va a estar sujeta ni a amenazas ni chantajes de nadie”, afirmó Aguerri.

Aguerri hizo referencia a las declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien el sábado pasado señalo al sector empresarial de “jugar al terrorismo económico” con las convocatorias a paros nacionales. 

Desde el inicio de la crisis socio política en abril, se han realizado tres paros nacionales de 24 horas cada uno.

El presidente del Cosep insistió en que “no son las amenazas las que van a hacer que el país camine”, sino que la economía del país va a mejorar en la medida que el Gobierno demuestre voluntad para buscar una salida negociada y pacífica.

Las sanciones

Al ser consultado sobre la posibilidad de sanciones económicas a Nicaragua, por Estados Unidos, Aguerri dijo que estas acciones las están tomando ante la “falta de voluntad política” de las autoridades nicaragüenses.

La empresa privada ha insistido en la búsqueda de una salida pacífica por medio del diálogo, pero con garantías de respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses.

“Además de las pérdidas económicas, el desempleo y el cierre de muchas empresas, la violencia y la inestabilidad política están generando que el talento humano abandone el país”, publicó el Cosep en sus redes sociales la tarde del jueves.