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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), expresó este sábado que las declaraciones hechas por la Policía Nacional de Nicaragua sobre acusar a quienes convoquen a manifestaciones contra el gobierno son una violación al derecho de libertad de reunión pacífica.

La Policía Nacional advirtió este viernes con acusar a las personas que han convocado a manifestaciones contra el gobierno, las que considera ilegales y en las que, según las autoridades, se han incurrido en delitos.

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“OACNUDH advierte que considerar responsables o exigir cuentas a organizadores y participantes en las reuniones por el comportamiento ilícito de otros viola normas básicas de la responsabilidad penal y los estándares sobre derecho a la libertad de reunión pacífica”, escribió la Oficina del Alto Comisionado en redes sociales.

Según una nota de prensa difundida por la Policía Nacional, esa institución ha investigado, investiga y acusará formalmente a quienes se encuentren responsables de los daños materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas, porque constituyen gravísimos delitos contra la seguridad, la vida y el orden público.

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“Las declaraciones difundidas ayer por la Policía Nacional generan un efecto inhibidor en las personas que quieren libremente ejercer sus derechos a reunirse, manifestarse y expresarse”, agregó la Oacnudh en su escrito.

La Policía Nacional responsabilizó a los organismos y personas que han convocado y convocan “a estas actividades ilegales y nada pacíficas”, de cualquier amenaza, daño, o riesgo a la vida, a la dignidad de la persona o daño a bienes particulares o estatales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Oacnudh han denunciado anteriormente que el gobierno de Nicaragua intenta criminalizar las protestas en su contra. Foto: EFE/END

“Los convocantes son responsables y responderán ante la Justicia, de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades”, expresó la Policía Nacional en el comunicado.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Oacnudh han denunciado anteriormente que el gobierno de Nicaragua intenta criminalizar las protestas en su contra.

Organismos de derechos humanos aseguran que en Nicaragua más de 500 personas han sido detenidas de manera arbitraria por protestar contra el gobierno y son acusadas por terrorismo y otros delitos.