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Un día después de que la Policía declarara ilegales las marchas contra el Gobierno de Nicaragua, agentes antidisturbios dispersaron a manifestantes que pretendían marchar este sábado en Managua: les dieron persecución, lanzaron bombas aturdidoras y gases lacrimógenos.

La marcha denominada “Nicaragua en rebeldía” tenía como punto de concentración la rotonda Cristo Rey, pero el lugar fue tomado por simpatizantes sandinistas desde antes del mediodía.

Los autoconvocados decidieron reunirse unos 100 metros hacia el este, adonde llegó el comisionado general Fernando Borge, segundo jefe de la Policía de Managua, para decirles que se retiraran y que no podían marchar.

Quienes llegaron con la intención de marchar respondieron a Borge que la Policía no podía impedir la manifestación ya que este es un derecho constitucional. El comisionado se retiró y empezó el ataque. 

Los manifestantes fueron rodeados por decenas de antimotines fuertemente armados, quienes les dieron persecución, les lanzaron bombas aturdidoras y gases lacrimógenos. 

Ante el ataque, los autoconvocados huyeron hacia el barrio El Riguero, donde la población salió a repudiar la acción policial y refugiar a los manifestantes.

“Esto ya no se aguanta. Ahora hasta marchar es un delito. ¿En qué país vivimos? Necesitamos una solución urgente a esto, pero al pueblo ningún gobierno puede hacer que deje de protestar o marchar”, dijo una habitante del barrio El Riguero.

Decenas de patrullas sitiaron el barrio en busca de manifestantes y según pobladores, se habrían registrado varias detenciones. En las patrullas viajaban policías con cámaras que filmaban y fotografiaban a manifestantes. 

Pobladores del barrio El Riguero condenaron el ataque, las detonaciones de bombas y el lanzamiento de gases lacrimógenos. 

“Aquí estaban viendo que habían niños en la calle y no les importó. Esto desestabiliza a la gente”, dijo María del Carmen Noguera, una habitante de El Riguero, todavía aturdida por la detonación de una bomba frente a su casa. 

Agreden a periodistas 

La Policía también agredió a los periodistas de medios nacionales e internacionales que daban cobertura a la marcha.

"Me robaron mi casco y me destrozaron mi cámara", dijo el camarógrafo Jasser Leiva, mientras enseñaba una batería de su cámara destruida. "A nosotros nos lanzaron gases”, dijo otro periodista. 

Varios policías filmaron a los periodistas que daban cobertura al ataque contra manifestantes.

En los departamentos

La marcha “Nicaragua en rebeldía” tuvo réplicas en Matagalpa, Somoto y Estelí. En esta última ciudad también se reportó que la Policía impidió la misma.

Jóvenes que tenían previsto marchar desde el barrio “El Rosario” a la zona central, fueron dispersados por fuerzas policiales.

Vecinos del lugar aseguraron que la Policía dio persecución a manifestantes en Estelí y hubo algunas detenciones.

Luego se conoció que unos 50 miembros del Movimiento Autoconvocados se ubicaron en la esquina donde está la farmacia El Rosario, en el barrio del mismo nombre, pero fueron dispersados por fuerzas antimotines y  policías asignados a la parte de seguridad pública.

Un familiar de los jóvenes (que pidió el anonimato) dijo que la Policía Nacional justificó la acción señalando que ellos no habían solicitado permiso para realizar su manifestación.

Colaboración Máximo Rugama.

ONU y CIDH desaprueban declaratoria de ilegalidad de marchas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) mostraron su preocupación luego de que la Policía declarara oficialmente ilegales las marchas contra el gobierno de Nicaragua.

Según estos organismos, esta declaratoria oficializa la criminalización de la protesta y viola el derecho a la libertad de expresión y manifestación consagrada en la Constitución Política de Nicaragua y los tratados internacionales. 

“La CIDH recibe con preocupación nota de prensa de Policía de Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática”, escribió la CIDH en su cuenta de Twitter. 

La OACNUDH advirtió que considerar responsables o exigir cuentas a organizadores y participantes en las reuniones por el comportamiento ilícito de otros, “viola normas básicas de la responsabilidad penal y los estándares sobre derecho a la libertad de reunión pacífica”.

“Las declaraciones difundidas por la Policía generan además un efecto inhibidor en las personas que quieren libremente ejercer sus derechos a reunirse, manifestarse y expresarse”, declaró el organismo de Naciones Unidas.