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Nueve personas fueron retenidas este domingo en horas del mediodía por policías y para policías encapuchados, cuando se disponían a participar de un plantón en el parque central del municipio de Telica, departamento de León, para manifestarse en contra del gobierno de Nicaragua.

Dos horas más tarde, de los nueve retenidos, ocho fueron liberados y entregados a la señora Aura María Solís, una de las familiares de los afectados que acudió a la delegación policial de la localidad.

La retención de los nueve ciudadanos, todos mayores de edad, ocasionó indignación entre los pobladores de dicha ciudad, quienes expresaron su inconformidad en las redes sociales.

Este es el punto donde ciudadanos autoconvocados del municipio de Telica, León, pretendían hacer esta mañana un plantón de protesta contra el Gobierno , pero fueron retenidos por oficiales de la Policía Nacional y horas después liberados, según denuncias de lugareños.  José Luis González/ Archivo END

Patricio Sevilla, de 45 años, fue el único manifestante que quedó retenido en la cárcel preventiva de la delegación policial, lugar donde acudió monseñor Benito Pentzke Torres, párroco del templo Santiago Apóstol, a quien se le negó su ingreso e intersección por los retenidos.

Un testigo de los sucedido, que solicitó omitiéramos su nombre por temor a represalias, confirmó que el Movimiento Autoconvocado de Telica se iba a congregar en la plaza central para protestar en contra del gobierno de Nicaragua, pero al observar que el lugar se encontraba tomado por antimotines, policías y para policías, decidieron cancelar la protesta, sin embargo, aún así algunos fueron retenidos.

En León, desde el pasado 25 de agosto tras la retención de los estudiantes y líderes del Movimiento Universitario 19 de Abril, Byron Corea, Luis Quiroz, Nahyrobi Olivas y Juan Pablo Alvarado, han cesado las protestas antigubernamentales, pero familiares de otros líderes universitarios han denunciado la persecución y el acoso policial.

Los manifestantes se quejan de que simpatizantes del partido de gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), son más bien protegidos por la Policía Nacional cuando estos realizan sus marchas casi a diario en los 10 municipios del departamento.

La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Nicarafua por "más de 300 muertos" en el marco de las protestas, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

El presidente Daniel Ortega rechaza todos los señalamientos e insiste en que se trata de un intento de "golpe de Estado".

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, que desde febrero del 2007 lleva 11 años en el poder.