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Tres manifestantes autoconvocados de Tipitapa, quienes eran acusados por el Ministerio Público por terrorismo, han sido declarados no culpables por la jueza Adela Cardoza Bravo, la mañana de este martes.

Los absueltos por la judicial son: Guillermo Ruiz Gil, Francisco López Rivas y Yader Cantón Rodríguez.

Al declarar la no culpabilidad de los acusados antes mencionados la jueza Cardoza determinó que la Fiscalía con su prueba " no logró motivar la culpabilidad de los acusados".

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Otros nueve autoconvocados originarios de Tipitapa quienes eran acusados por el mismo delito han sido declarados culpables.

En el mismo fallo la titular del Juzgado Distrito Penal de Juicio decretó la culpabilidad de Daniel Alexander Sánchez, Javier Sánchez  Júnior, Erwing Zamora, William Martínez Díaz, Juan  Carlos Bermúdez, José García Orozco,  Wilmer Orozco Urbina y Mauricio Paniagua.

La novena persona inculpada por el delito de terrorismo es Yubielka Urbina, única mujer de los 12 acusados quien permanece en libertad por razones de salud.

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En relación a Yubielka Urbina, la judicial determinó mantenerla en libertad hasta que no dicte la sentencia condenatoria programada para el próximo 10 de octubre.

Manifestantes de Tipitapa acusados de terrorismo / Cortesía

Según la jueza Cardoza, la culpabilidad de los nueve de los 12 acusados, se estableció sobre la base del testimonio de los testigos aportados por el Ministerio Público, que en su totalidad eran Policías.

Al referirse a los testimonios brindados por los testigos propuestos por el abogado Julio Montenegro, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, (CPDH), quien ejerció la defensa de los 12 acusados, la jueza Cardoza los descalificó.

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Los testimonios de los testigos de la defensa  fueron calificados por la judicial de " fantasiosas", " falsos"  y "guiones mal aprendidos".

Durante la audiencia se aconteció un nuevo " encotronazo" entre la jueza Cardoza y el abogado de la CPDH, Julio  Montenegro, quien se negó a participar en el debate de la pena por considerar "pernicioso" para sus representados el fallo  judicial.

Ante el reclamo del abogado de la CPDH la jueza Cardoza amenazó al abogado Montenegro con presentar una queja en su contra en la Corte Suprema de Justicia, además de removerlo de su cargo como abogado defensor.

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Para remover al abogado Montenegro de la defensa la judicial estableció un plazo de cinco minutos para que en previa consulta con sus familiares designaran un nuevo abogado defensor.

La nueva discrepancia entre la judicial y el defensor Montenegro surgió cuando la jueza antes que iniciara el debate de la pena de oficio puso una agravante a los inculpados.