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El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, aseguró este martes que las violaciones de derechos humanos en Nicaragua apuntan a una realidad “muy grave”, que consiste en la normalización de un conjunto de alteraciones a las reglas del estado de derecho, lo que podría llevar al país a un estado de excepción. 

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“Cuando esas normas de excepción de cambios de costumbres en las prácticas del funcionamiento de las instituciones están presentes, cuando se impide la participación en las audiencias públicas o cuando se genera un decreto de la Policía restringiendo el derecho constitucional a la libre manifestación; ese camino de empezar a constituir normas de excepción a las garantías constitucionales nos parece apuntar a una transformación que establece un régimen de prohibiciones, pasando de un estado de derecho a un estado de excepción”, explicó Abrão, en las audiencias públicas del 169 período de sesiones de la CIDH.

Este organismo ha registrado desde el mes de abril tres etapas de represión a las protestas antigubernamentales: la represión a través del uso desmedido de la fuerza y el “terror de estado que se instaló por medio de la violencia en el levantamiento de los tranques”, la represión selectiva y la criminalización de la protesta. 

“Estoy preocupado sobre lo que viene. Actualmente hay un uso del sistema de justicia para promover la persecución. Cuando se establece un estado de excepción, incrementa el número de personas que tienen que salir del país. Lo único que podría demostrar una tendencia contraria a esa normalización de la excepción sería el funcionamiento del equilibrio de poderes y no me parece que se esté fiscalizando a la Policía, los abusos en las detenciones y los procedimientos judiciales”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH.

Audiencia de derechos  humanos sobre Nicaragua de la CIDH

Abrão afirmó que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) sigue recibiendo denuncias sobre violaciones de derechos humanos, “lo que lleva a toda la comunidad internacional a mantener una atención sobre lo que está pasando en Nicaragua para impedir que las prácticas de abuso de poder puedan ampliarse”.

Hasta este martes, la CIDH registraba al menos 325 personas muertas desde el 19 de abril. Entre las víctimas hay 21 policías y 24 niños, niñas y adolescentes. Además, ha registrado los despidos de al menos 300 profesionales de la salud, en represalia por haber atendido a los heridos y 40 de profesionales universitarios por apoyar las protestas estudiantiles.

Acusaciones sin sentido

La comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, dijo que la criminalización de la protesta y de defensores de derechos humanos “son dos de las situaciones más urgentes y que más nos preocupan”. 

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Urrejola detalló que la CIDH tiene conocimiento de que hay al menos 300 personas detenidas en el marco de las protestas, y llamó a las autoridades a proporcionar los datos oficiales y los cargos por los que están siendo procesados.

El comisionado Joel Hernández, relator para personas privadas de libertad, comentó que llama poderosamente la atención cómo se ha utilizado el tipo penal de terrorismo en la criminalización de la protesta.

“La manera en la cual el tipo delictivo fue elaborado para darle un elemento subjetivo, como el quebrantamiento del orden constitucional, no hace ningún sentido. Hacemos llamado enfático para que haya desistimiento de las acusaciones de terrorismo y a que los jueces vean con gran escrutinio estas acusaciones y actúen con independencia judicial”, sugirió Hernández. 

Abrão comentó que en abril Nicaragua se presentaba al mundo con los mejores índices de seguridad en la región, y “ahora, en cinco meses, se ha convertido en el mayor productor de terroristas en el mundo; las acusaciones de terrorismo no tienen nada que ver con la protesta”.

Policía selectiva

Abrão señaló que las manifestaciones del Gobierno son seguras, custodiadas por la Policía y generalmente no hay actos de violencia, pero cuando marcha la oposición, casi siempre resultan personas heridas o muertas por ataques de personas armadas.

Para Abrão, “es ilógico” pensar en la posibilidad de autoataques en las marchas opositoras al Gobierno y afirmó que la Policía es selectiva y no está protegiendo a todas las personas. “La verdad es que el Estado está fallando en su obligación de proteger a todos los ciudadanos”, enfatizó.

El segundo día del 169 período de sesiones de la CIDH, que se efectúa en Boulder, Colorado, Estados Unidos, se centró este martes en abordar la crisis de Nicaragua. Ningún representante del gobierno nicaragüense asistió a estas audiencias por tercer año consecutivo.

La comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, lamentó la ausencia de la representación del Estado de Nicaragua.

Atonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH

Quienes sí asistieron fueron representantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes.

El comisionado Francisco Eguiguren, relator sobre los derechos de los defensores de derechos humanos, dijo que la ausencia del Estado nicaragüense es lamentable “porque es una falta a sus obligaciones internacionales, pero también es una falta de respeto a la sociedad civil aquí presente”.

Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció que entre agosto y septiembre “la represión ha encrudecido, tanto que ahora portar una bandera con los colores patrios es motivo de agresiones y secuestro por parte de las turbas y la propia Policía”.

“En los últimos cuatro meses hemos recibido 2,452 denuncias, casi la mitad son por amenazas de muerte, asedio y agresión. La represión selectiva continúa. En vez de mostrar voluntad de regresar al diálogo para superar la crisis, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial se han convertido en el verdugo del pueblo”, afirmó Carmona.

CIDH teme ataques a periodistas 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este martes que la cuarta etapa de represión gubernamental en el contexto de las protestas en Nicaragua podría ser dirigida contra periodistas y medios de comunicación independientes.

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Desde el mes de abril, la CIDH ha dividido la represión en tres etapas: en principio fue la represión directa y generalizada contra manifestaciones a través del uso desmedido de la fuerza, siguió la represión selectiva y después la criminalización de la protesta.

“Pareciera ser que la próxima etapa de represión va dirigida a los comunicadores independientes. Me preocupa que estemos llegando” a eso, aseguró el comisionado Joel Hernández, relator para personas privadas de libertad de la CIDH.

Patricia Orozco, del programa radiofónico Onda Local, detalló que una de las formas en que se manifiesta la agresividad contra periodistas “es cuando secretarios políticos municipales y funcionarios locales dicen que las radioemisoras locales son enemigas del Gobierno”.

Denunció que en el contexto actual no hay acceso a información pública, no hay publicidad para radios locales independientes y los periodistas son amenazados constantemente por simpatizantes sandinistas y las mismas autoridades.

Desde el mes de abril, al menos 38 periodistas de medios independientes han sido víctimas de robo, amenazas, golpeados, heridos por parte de turbas sandinistas y grupos parapoliciales.

Sergio León, de radio La Costeñísima, de Bluefields, denunció amenazas contra él, su familia y los trabajadores de su radio.

“En las últimas semanas, hombres organizados y denominados militares en retiro se han reunido en la zona urbana y rural para tratar de neutralizar radio La Costeñísima, incendiarla, apagarla e inclusive atentar contra mi vida y la de trabajadores”, explicó el periodista y director de la radio. 

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“La dirigencia de estos militares en retiro me han caracterizado, siguen mis movimientos, dónde viajo, dónde me hospedo y tienen fotografías en su cuartel de operación que servirían para identificarme más y mejor como su próximo objetivo”; agregó.

Periodistas nicaragüenses denunciaron ante la CIDH el acoso y persecución a los medios independientes.

Según el testimonio de Sergio León, su única arma de defensa ha sido la denuncia pública. “Las amenazas se han extendido a mis hijos, se han sumado a las amenazas los operadores políticos del FSLN. Según el Gobierno, nuestra labor es sembrar el odio y somos los responsables de la violencia solo por informar y no abandonar nuestro rol de periodismo independiente”, comentó.

La periodista Patricia Orozco sugirió a la CIDH “establecer un mecanismo de protección eficaz para periodistas independientes de Nicaragua”. 

“Tal vez así se detienen amenazas de muerte a periodistas, persecuciones, asesinatos, heridos, agredidos, allanamientos de viviendas y robos de equipos. La democracia debe ser inclusiva, no puede ser de unas cuantas personas”, expresó.

Control mediático

Aníbal Toruño, director de Radio Darío, de León, aseguró que el Gobierno “se ha propuesto desmantelar el sistema democrático del país y parte de su estrategia es el control de la mayoría de los medios de comunicación de radio, televisión y prensa”. 

Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH

“Los medios independientes quedamos reducidos a una franja muy delgada. Ellos controlan casi un 70% de los medios. El régimen ha atacado a la prensa independiente en varias ocasiones. Aun con las medidas cautelares que hemos recibido, nos sentimos en peligro”, dijo.

El comisionado Edison Lanzas, relator para la libertad de expresión de la CIDH, afirmó que en Nicaragua el Estado genera desinformación.

“Estamos ante un Estado que además de reprimir y criminalizar la protesta, intenta establecer un discurso de propaganda donde se falsea la realidad, donde se trata de generar una narrativa de normalidad y donde los criminales son quienes ejercen sus derechos”, explicó Lanzas.