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El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta sobre el “riesgo creciente de que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar en el sistema financiero estadounidense o transitar por este”.

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El Departamento de Tesoro, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés), advirtió que “figuras políticas de alto rango” vinculadas con el gobierno nicaragüense “podrían reaccionar al percibir la posibilidad de mayor conflicto social, posibles sanciones u otros factores, movilizando activos de las cuentas que tienen en Nicaragua u otros sitios”.

Ante esa posibilidad, la FinCEN pidió a los bancos norteamericanos poner mucha atención y denunciar algún tipo de sospecha.

“Estos activos podrían ser resultado de maniobras de corrupción y podrían ser enviados a cuentas en los EE. UU., o incorporarse a mecanismos de lavado de dinero empleando el sistema financiero estadounidense”, expresa el comunicado del FinCEN.

Personas y empresas asociadas o vinculadas con el gobierno de Nicaragua “podrían intentar sacar de Nicaragua activos vinculados con la corrupción”, añade.

“Las instituciones financieras de los Estados Unidos constituyen una importante línea de defensa contra los fondos corruptos y originados en la violencia que puedan circular en nuestro sistema, y advertimos a nuestros socios en el sector financiero que deben estar muy atentos”, expresa el comunicado.

Cuando las entidades identifiquen el posible uso indebido de fondos públicos nicaragüenses o fondos que podrían proceder de la corrupción política asociada con “figuras políticas de alto rango” ligadas al régimen de Ortega, tendrán que presentar un Reporte de Actividades Sospechosas (Suspicious Activity Reports, SAR),  en cumplimiento de sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act, BSA).

Bajo vigilancia

El economista Mario Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua, comentó que esta alerta deja en evidencia que el país “está en el ojo del huracán” y es el resultado de la situación nacional.

Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, manifestó en el comunicado que el aviso de la FinCEN “forma parte de la campaña que impulsa este Gobierno para que las personas que cometen violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en Nicaragua rindan cuentas por sus acciones”.

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El director de la FinCEN, Kenneth A. Blanco, sostuvo que el gobierno de Nicaragua “ha enriquecido de manera ilícita a sus miembros y colaboradores, robando y quitando a los ciudadanos nicaragüenses los recursos y el dinero que les pertenecen”.

“A su vez, este régimen está perpetrando abusos de derechos humanos en respuesta a protestas ciudadanas”, agregó.

Sanciones

El Departamento del Tesoro ya había adoptado sanciones contra funcionarios nicaragüenses, señalándoles de corrupción y violaciones de derechos humanos.

“Hasta el momento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Tesoro ha designado a cuatro funcionarios de alto rango —en el gobierno nicaragüense, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y ALBA de Nicaragua (Albanisa), la empresa que importa y vende productos petroleros venezolanos – de acuerdo a la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos, que habilita al Tesoro a tomar acciones en todo el mundo contra funcionarios corruptos, responsables de violaciones de derechos humanos y aquellos que los ayudan”, detalla el comunicado oficial estadounidense.

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Además, la OFAC atribuye a estos funcionarios “actos corruptos y violentos, que incluyen su participación en violaciones de derechos humanos, la acumulación ilegal de un inmenso patrimonio personal, el robo de grandes cantidades de dinero pertenecientes a proyectos municipales y la explotación de fondos públicos para uso personal”.

En junio de este año, la FinCEN publicó un aviso sobre “violaciones de derechos humanos facilitadas por figuras políticas de alto rango implicadas en corrupción” en Nicaragua, donde identificaron tipologías y señales de alerta sobre “cómo los funcionarios políticos de alto rango corruptos y sus colaboradores podrían acceder al sistema financiero de los Estados Unidos para ocultar y blanquear el producto de actos de corrupción en las altas esferas políticas”.

FinCEN llama a las instituciones financieras a consultar el aviso emitido este jueves junto con el de junio de 2018.

Personas comunes no son afectadas

El Departamento del Tesoro aclaró que este aviso no incluye transacciones realizadas por ciudadanos nicaragüenses comunes que desean sacar sus activos por la situación que existe en el país.

“Ni tiene como propósito afectar las relaciones financieras normales entre Estados Unidos y Nicaragua”, agrega el comunicado.

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Sin embargo, el economista Mario Arana hizo un llamado a las entidades financieras nacionales a tener mayor cuidado por las relaciones de corresponsalía que mantienen con instituciones financieras estadounidenses.

“Cualquier banco nacional funciona en la medida que tienen corresponsalía en el extranjero, pero, por ejemplo, si aparece que un banco está manejando transacciones dudosas y se da cuenta de eso el banco corresponsal, de que hay una sospecha y que no se han tomado las medidas de prevención de riesgos adecuado, habrán problemas serios”, advirtió Arana.

Dijo que cada vez hay que ser más cuidadoso para que las operaciones financieras no se vean contaminadas con “prácticas que están siendo monitoreadas, principalmente en el caso de Nicaragua por la situación de incertidumbre e inestabilidad que existe”.

El aviso recuerda a las instituciones financieras americanas sus obligaciones con respecto a la presentación de SAR vinculados a quienes facilitan las acciones de altos funcionarios políticos implicados en corrupción.

FinCEN solicita a las instituciones financieras estadounidenses que citen este aviso consignando las palabras claves “Nicaragua FIN-2018-A005” en el texto de los SAR y en los campos correspondientes de estos informes, para indicar que existe una conexión entre la actividad sospechosa informada, y las personas y actividades que se destacan en el aviso”.

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Luis Rivas, Vice Presidente Ejecutivo de Grupo Promerica, que es dueño mayoritario en Nicaragua de Banpro, así como de bancos comerciales en el resto de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Ecuador, señaló que si bien la jurisdicción de la FinCEN son los bancos americanos u otros que operen en Estados Unidos, la alerta emitida por esta organización en gran medida también aplica indirectamente a los bancos nicaragüenses.

“Los bancos nicaragüenses tienen relación de corresponsalía con los grandes bancos estadounidenses, de esta manera es que los bancos locales pueden financiar y dar servicio al comercio, las importaciones y exportaciones que hacen las empresas nicaragüenses.

La relación de corresponsalía requiere que los bancos nicaragüenses tengan cuentas bancarias en las instituciones financieras americanas, por lo que son clientes de estas. Los contratos de corresponsalía les exigen a los bancos nicaragüenses cumplir con los mejores estándares internacionales de prevención de lavado de activos y  evitar trabajar con clientes que constituyan alto riesgo de que dinero ilícito que se genere en el país contamine el sistema financiero estadounidense, incluyendo aquellos que son incluidos en listas de sanciones o exclusión”, explicó Rivas.