Luis Alemán
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Sin acusar a nadie en particular, los concejales liberales Leonel Téller Sánchez y Jimmy Blandón Rubio pidieron al Ministerio Público que inicie una investigación sobre “supuestos actos al margen de la Ley que se están dando en el sector del transporte selectivo”.

Ambos concejales, con anterioridad, también habían hecho lo mismo ante la Contraloría General de la República, a cuyos miembros pidieron una auditoría interna al Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, Irtramma, por supuestas irregularidades en los trámites para las placas de los taxis.

Tanto los concejales como algunas cooperativas de taxis denunciaron supuestas violaciones a la Ley General del Transporte Terrestre, que establece regulaciones para la renovación de permisos de operaciones para taxis.

Según las denuncias, directivos de taxistas en coordinación con funcionarios del Irtramma realizan negocios con los permisos para operar taxis que tienen hasta dos años de vencidos, y que por Ley no pueden ser renovados.

Por la renovación de un permiso de operaciones, los funcionarios del Irtramma obtienen ganancias hasta de mil dólares, cuando un trámite normal tiene un costo de al menos tres mil córdobas.

Suficientes pruebas

En su petición al Ministerio Público, los concejales liberales presentan como prueba las declaraciones del ahora ex alcalde, Dionisio Marenco, quien durante su administración admitió que en el Irtramma “había movimientos de compra y venta de concesiones de taxis al margen de lo establecidos en la Ley de Transporte, Ley 524”.

Igual, mostraron publicaciones de los medios de comunicación y hasta relatos de víctimas de delincuentes, que simulando ser cadetes de taxis se dedican a cometer robos con intimidación a los pasajeros.

Peligrosa filtración

La preocupación de los concejales liberales es que a además de los actos de corrupción cometidos por los funcionarios del Irtramma, a través de las mismas irregularidades en la compra y venta de las concesiones para taxis, se puedan infiltrar delincuentes que utilicen el sistema de transporte selectivo para cometer actos delictivos.

Esperamos “acciones firmes y contundentes del Ministerio Público, para que el crimen organizado de de Centroamérica, no penetre el sector selectivo, como es el caso de otros países como Costa Rica, El Salvador y Honduras”, declaró, el concejal Téller.

Jimmy Blandón, concejal de la bancada liberal, aclaró que no se trata de ninguna acusación contra funcionario alguno de Irtramma, “lo que hacemos es pedir al Ministerio Público que inicie una investigación para ver si se encuentra responsabilidad penal en el manejo que se está dando en el Irtramma”.

Van a analizar

La fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, y Luden Montenegro, Director del Área de Operaciones de la Fiscalía Departamental, recibieron a los concejales, a quienes les aclararon que el primer paso será “determinar si existe mérito para efectuar la investigación”.

Según Solórzano, el Ministerio Público está en la obligación de recibir cualquier denuncia y darle tramite.

Guarda silencio

El ingeniero Francisco Alvarado, director del Irtramma, guardó silencio a los señalamientos hechos por los concejales y directivos de cooperativas.

EL NUEVO DIARIO buscó a Alvarado en sus oficinas, pero su asistente lo único que dijo es que el ingeniero se mantiene ocupado en largas reuniones con directivos de cooperativas de transporte.