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La abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Flores, manifestó que la cuarta etapa de la represión gubernamental contra la protesta cívica está enfocada en los defensores de derechos humanos, medios de comunicación y sus periodistas.

“En las redes sociales se nos descalifica, nos han agredido en las calles aunque llevamos nuestras camisetas como defensores. Recordemos que la Asociación Pro Derechos Humanos tuvo que retirarse y sus directores tuvieron que irse fuera del país”, indicó Flores.

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El doctor Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), destacó que como organización su equipo tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un tipo de medida que en un estado de derecho se respeta por ser un compromiso internacional.

“En nuestro país eso no funciona porque no estamos en un estado de derecho, así que es casi imposible creer que el Gobierno no cometerá un abuso en contra de cualquier funcionario de CPDH”, comentó.

Algunos jueces amenazan a los abogados de manifestantes con enviarlos a la sala disciplinaria, según Cuevas, quien indicó que una forma de contrarrestar esta falta de cumplimiento del compromiso del Estado es informar a las instancias de derechos humanos internacionales.

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“Ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, a cargo de Michelle Bachelet, el doctor Marcos Carmona (director de la CPDH) dio a conocer el riesgo que estamos corriendo los defensores de derechos humanos, así como el proceso ilegal y abusivo que se ventiló contra nuestros promotores voluntarios, condenándolos a más de 10 años para tres de ellos”, dijo Cuevas.

Aseguró que las autoridades ven como enemigos a los defensores de derechos humanos y periodistas independientes, incluyendo a los abogados que hacen defensoría, como es el caso del doctor Julio Montenegro, amenazado por una jueza con ser reportado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por brindar sus alegatos en los procesos judiciales y objetar acciones no contempladas por el Ministerio Público.

Al abogado José López, de la CPDH, el Ministerio del Trabajo le notificó que lo desacreditaba como procurador laboral.

Periodistas

El Cenidh ha solicitado medidas cautelares a periodistas de forma individual y a colectivos de medios de comunicación para 87 personas.

Esto casos son por denuncias de asedio con amenazas con pintas en sus casas, llamadas telefónicas o a través de redes sociales. Los mensajes van desde asegurar que será capturado hasta amenazas de muerte contra la persona y su familia, denuncio el organismo.

“Un periodista amenazado o asediado tiene limitaciones para el ejercicio de sus labores; sin embargo, en Nicaragua vemos aun así que sobrepasan estos obstáculos y continúan desarrollando su labor informativa”, dijo Wendy Flores.

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Entre los reportes de afectaciones a los medios de comunicación y periodistas, desde que iniciaron las protestas cívicas contra el Gobierno, en primer lugar está el asesinato de Ángel Gahona, en Bluefields. Y en una reciente marcha cívica tres periodistas resultaron lesionados, entre ellos Wiston Potosme, herido de bala en un brazo.

También han resultado lesionado el fotorreportero de la agencia Reuters, Oswaldo Rivas; el  fotoperiodista de la agencia AFP, Inti Ocón; y Freddy Verna, locutor de Radio Libertad.

La emisora Radio Darío fue incendiada y las instalaciones del canal 100% Noticias han sido agredidas; de este canal Jackson Orozco fue golpeado por simpatizantes del Gobierno, y también quedó bajo amenazas Letty Gaitán.

Xabier Merlo, camarógrafo de la cadena Univisión, fue blanco de los ataques a través de las redes sociales; otros han sido el reportero Ismael López; Martha Hernández, directora de prensa de Radio ABC Stereo, en la ciudad de Estelí.

Las documentalistas Anielka Juárez y Emilia Mello fueron detenidas temporalmente; el periodista estadounidense Carl David Goette-Luciak, fue detenido en su casa y expulsado del país; también el estadounidense Tim Rogers prefirió salir de Nicaragua al sentirse amenazado por simpatizantes del partido de Gobierno.