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La Unidad Médica Nicaragüense (UMN) denunció ayer el despido de la doctora Alejandra Espinoza, especialista en radiología del hospital Lenin Fonseca de Managua, que fue justificado por las autoridades de esta unidad de salud por presuntos “malos tratos” a los pacientes.

“Recibo en protesta, acusaciones falsas. Se me despide por causas políticas sin llamado de atención previo ni comisión bipartita, violando procedimientos de Ley de carrera sanitaria y convenio Minsa-Fetsalud”, escribió Espinoza en la carta de despido cuando la recibió.

La doctora negó rotundamente las acusaciones en su contra, que incluyen negativa de atención y maltrato verbal a un paciente que se quejó ante los dirigentes del hospital, quienes concluyeron que esto representó “una falta muy grave” que merecía despido.

La denuncia del despido también fue interpuesta ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) por el doctor Francisco Javier Núñez López, de la Unidad Médica Nacional, quien precisó que Espinoza es una de los pocos radiólogos que tienen dos subespecialidades.

Según el doctor Núñez, el despido está relacionado con que ella se negó a participar en las marchas progobierno.

Las cifras

De acuerdo con los registros de la UMN, con este caso ya se contabilizarían al menos 294 profesionales de la salud que han sido echados de centros de salud y hospitales públicos, como represalia por su participación o apoyo en las protestas antigubernamentales.

La UMN y la Asociación Médica Nicaragüense (AMN) han denunciado en los meses recientes que muchos de los doctores, docentes de facultades médicas, enfermeras y otros profesionales despedidos se negaron a seguir la orientación de no atender heridos de protestas o realizan publicaciones en redes sociales en contra del Gobierno.

Despiden a profesor y expulsan a su hija

En la Comisión Permanente de Derechos Humanos también se presentó el caso de despido del profesor Fredy Mauricio Baltodano Aguilar, del colegio de primaria Fidel Coloma, de Managua, a quien sólo le notificaron el despido de manera verbal y no le entregaron carta.

El argumento fue abandono de trabajo, a pesar de que él explicó que vive en el municipio de Diriamba, Carazo y durante las protestas habían tranques que le impedían pasar para llegar a su puesto de trabajo en la capital.

“Me dijeron que aceptara el despido por el supuesto abandono, sino no me darían mi liquidación laboral. Pero como miré injusto el despido, no la firmé y ahora me dicen que el único derecho que tengo es de 5 mil córdobas, después de trece años de trabajar en el Ministerio de Educación”, dijo el profesor Baltodano, quien fue amenazado si denunciaba el caso.

El afectado señaló que la represalia en su contra no paró ahí, y la directora del centro, que también asistía al colegio Fidel Coloma, expulsó a su hija que cursaba su último año de Primaria, sin ninguna argumentación y sin entregarle el boletín para poder matricularla en otro colegio.

El procurador laboral y abogado de CPDH, José López, señaló que se está violando el Código de la Niñez, al negarle a la niña el derecho a estudiar. López destacó que recurrirán a los juzgados laborales y en ambos casos pedirán el reintegro de los afectados.