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El éxodo de nicaragüenses por la crisis que vive Nicaragua desde abril toca las puertas de España. Las solicitudes de asilo político o protección internacional alcanzan hasta el 31 de agosto de este año 313 casos, según el Ministerio del Interior de este país europeo.

Esa cifra representa un 900% más que las registradas en los 12 meses de 2017, cuando apenas fueron 31 casos. De los países centroamericanos, los de ciudadanos de El Salvador (1,150) y Honduras (980) son los que más solicitudes de asilo realizaron el año pasado en España, según la Oficina de Asilo y Refugio.

Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el año pasado aumentó de manera considerable el número de personas atendidas procedentes de Centroamérica, especialmente de Honduras y El Salvador, “que huían de persecuciones relacionadas con las maras o la violencia política y social”.

El Ministerio del Interior español facilitó los datos, referentes a Nicaragua, cuando le consultamos si registraba un incremento en las peticiones de asilo derivadas por el éxodo de nicaragüenses, a raíz de la violenta crisis sociopolítica. 

Una Nica en España

La joven Katherine Urbina (26 años) llegó a España en agosto pasado, y el 13 de septiembre presentó su manifestación de voluntad para solicitar protección internacional. “Tuve que salir porque la Policía Nacional me empezó a asediar y hostigar en mi trabajo, tuve que renunciar por la seguridad de mis compañeros”, cuenta.

Ese día de septiembre, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional española le extendió un documento que le permite estar en España de manera legal hasta el 13 de marzo de 2019, fecha en la que tiene programada una cita para presentar formalmente la solicitud de protección internacional y así iniciar un largo proceso.

Urbina deberá presentar el día de su cita pruebas que sustenten su solicitud de protección en España. Reconoce que la admisión de su trámite no le garantiza que el gobierno español dé una respuesta positiva a su petición.

Según, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en su Informe Anual del año pasado, 31,120 personas solicitaron asilo en España; sin embargo, el Gobierno solo otorgó el estatutos de refugiados a 595 personas.

La joven nicaragüense apoyó el levantamiento de universitarios de  la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), por lo que fue detenida el 13 de julio y posteriormente acusada de financiamiento al terrorismo.

La detención de Urbina fue registrada en un vídeo en vivo que se hizo viral. Fue apresada por los policías justo cuando denunciaba y cuestionaba, desde su cuenta personal de Facebook, los ataques de fuerzas policiales y parapoliciales a jóvenes atrincherados en la UNAN-Managua.

“Quiero hacer una denuncia (del ataque), ¿dónde puedo hacerla?, increpaba Urbina a los oficiales en su vídeo. Mientras continuaba con la transmisión, nueve policías, dice, la rodearon y la detuvieron. Ese video, fotos y recortes de periódicos son algunas de las pruebas que presentará al Interior español.

Mientras las autoridades españolas dan respuesta a su solicitud, Urbina sobrevive con ahorros que trajo de Nicaragua y envíos de dinero de familiares. “Es un proceso largo y duro”, lamenta. La resolución puede durar entre dos o tres años, aunque la ley establece un plazo de seis meses.

Hasta inicios de agosto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) registraba que cerca de 23,000 personas buscaban asilo en Costa Rica. William Spindler, portavoz de Acnur, precisó en Ginebra que el número de solicitudes de refugio en Costa Rica “aumentó exponencialmente” tras el comienzo de la represión en Nicaragua.