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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó este viernes revisar los recursos por inconstitucionalidad que introdujo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) contra la Ley 977, conocida popularmente como “Ley Antiterrorismo”, el pasado 17 de septiembre.

El Cenidh considera que esa ley fue diseñada para criminalizar las protestas sociales. Vilma Núñez, presidenta del organismo, explicó que recibieron la notificación de la CSJ, este viernes por la tarde, lo que configura el primer paso para que la “Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, se declare fuera de la Constitución y consecuentemente, quede invalidada. 

“A pesar de las reservas que tenemos de la efectividad por parte de los jueces y tribunales, por lo menos hay un inicio de aceptación de que la ley puede ser declarada inconstitucional”, aseguró Núñez, quien consideró como un “estímulo” que el recurso haya sido admitido y que no se haya declarado improcedente o descartado bajo la excusa de que no llenaba los requisitos legales.

La ley, aprobada por la Asamblea Nacional en julio de este año, establece en su artículo 44 que el delito de terrorismo es cometido por quien “realice cualquier acto designado a causar bienes o servicios públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un Gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. 

A juicio de Salvador Marenco, abogado del Cenidh, tal definición de terrorismo es “demasiado amplia, porque toda acción puede ser tipificada como terrorismo”.

De declararse inconstitucional la Ley 977, “los delitos (bajo dicha ley) dejarían de existir, las causas quedarían nulas y las personas acusadas tendrían que quedar en libertad”, explicó Marenco.

Decenas de manifestantes están encarcelados y han sido procesados bajo el delito de terrorismo y otros contenidos en la Ley 977, según denuncias de diversos organismos locales de derechos humanos.

Próximo paso

En la notificación de la Corte se establece la admisión de nueve recursos de inconstitucionalidad para la ley antiterrorismo, por lo cual el judicial manda a acumular los recursos en un término de 15 días. 

Además, la CSJ solicita al presidente Daniel Ortega y a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, que dentro de 15 días presenten un informe sobre dichos recursos.En el pasado, el Cenidh ha interpuesto diversos recursos por inconstitucionalidad que han sido admitidos por la CSJ, pero que finalmente no han conllevado a que ninguna ley se declare inconstitucional, dijeron sus representantes.