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Organizaciones gremiales del sector privado de Nicaragua se pronunciaron en contra del nuevo reglamento de la Ley de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), alegando que viola los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, empresas y empresarios, y de atribuirle “funciones de investigación criminal propias de la Policía Nacional y el Ministerio Público”.

En un comunicado conjunto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) rechazaron el Reglamento de la Ley 976, Ley de la UAF, publicado en La Gaceta, diario oficial del 3 de octubre de este año.

Con el nuevo reglamento que ya entró en vigencia, la UAF tiene acceso directo a datos personales, salariales, impuestos y transacciones comerciales de particulares y empresas que maneja el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Aduanas, la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Superintendencia de Bancos, el Consejo Supremo Electoral, la Policía Nacional y el Poder Judicial.

La posición en defensa de la primacía de la Constitución Política y el respeto de los derechos individuales y económicos.

“Con estos cambios normativos la UAF pasaría de ser una entidad de análisis financiero que recibe reportes en relación con operaciones sospechosas presuntamente relacionadas con determinados delitos, a desarrollar funciones de investigación criminal propias de la Policía Nacional y el Ministerio Público, sin las limitaciones legales impuestas a estas instituciones, al no mediar en su actuación administrativa ningún mandato u orden judicial alguna”, asegura el sector privado.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, anunció que “estaremos recurriendo contra el reglamento de la nueva ley de la UAF”, por considerar que “desvirtúa la razón de ser de esta unidad técnica, y la convierte en una unidad suprapolicial que viola nuestros derechos constitucionales”.

Causa más inseguridad

El sector privado considera que las potestades reglamentarias de la UAF, de poder tener acceso directo a información resguardada por las principales instituciones públicas del país, así como la de imponer sanciones “administrativas” a los sujetos obligados supervisados que podrían conllevar la “suspensión temporal o cierre definitivo” de las operaciones de los empresarios o empresas, “están contribuyendo a exacerbar el clima de inseguridad jurídica que prevalece por la crisis política”.

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Eso “contribuye en forma negativa a desestimular aún más la inversión nacional e internacional, la creación de empresas y la generación del empleo; afectando en forma directa el sector empresarial micro, pequeño, mediano y grande sin distingo alguno, incluyendo a los contribuyentes inscritos en el régimen general como los del régimen de Cuota Fija”, agrega el pronunciamiento.

La posición en defensa de la primacía de la Constitución Política y el respeto de los derechos individuales y económicos, según el sector privado, cobra en este momento mayor vigencia, cuando el Decreto Ejecutivo 14-2018 y el Reglamento de la Ley 976 ha sido aprobada “incorporando ámbitos materiales normativos que consideramos implicarán violación de derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos,  empresarios y empresas, en momentos en que como nación enfrentamos la mayor crisis política en tiempos de paz que conoce nuestra historia reciente”.