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La doctora Dulce María Sánchez, de 51 años, podría ser condenada a cuatro años de prisión por haber participado y atendido a heridos en las protestas contra el Gobierno de los últimos seis meses, denunció la Unidad Médica Nicaragüense (UMN).

Sánchez fue enjuiciada junto a su esposo David Pavón, en los tribunales del municipio de San Rafael del Sur, Managua, por “obstrucción de funciones”.

El doctor José Luis Borgen, miembro de la UMN y uno de los médicos que fue despedido de un hospital público recientemente, afirmó que este proceso se llevó a cabo como represalia en contra de la pareja, “todo por apoyar las protestas”.

El pasado viernes, la pareja fue declarada culpable y la lectura de la sentencia será este lunes 15 de octubre en San Rafael del Sur, y por ese delito podrían ser condenados hasta cuatro años de prisión.

En un comunicado de prensa, la UMN señaló que estas acciones de criminalización a los médicos también son una forma de “represión contra el pueblo nicaragüense”.

Salud se deteriora

La organización gremial de profesionales de la salud afirmó en el comunicado, que tanto la criminalización de médicos como la expulsión de estudiantes de Medicina y el despido de especialistas de los hospitales estatales, implican un daño al sistema de salud del país.

Denuncia “el continuo despido político de médicos y trabajadores de la salud, violando la Constitución, la Ley de Carrera Sanitaria y convenios Minsa-Sindicatos, el deterioro de la calidad de atención en salud a todos los niveles y la creciente exposición a riesgos epidémicos y de enfermedades a la población nicaragüense”.

Según registros de la UMN, al menos 294 profesionales de la salud han sido despedidos de hospitales y centros de salud públicos en Nicaragua y unos seis estudiantes fueron expulsados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), por haberse involucrado en las manifestaciones antigubernamentales.