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Una avalancha de denuncias colmó este lunes las oficinas de las organizaciones de derechos humanos, cuando familiares de manifestantes detenidos el domingo llegaron a exponer los arrestos injustificados.

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Antes que los manifestantes fueran liberados, tanto las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) como de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), se vieron colmadas por familiares de detenidos en busca de apoyo y asesoría legal. En ambas instancias se interpusieron 35 denuncias.

Los familiares de Suyen Barahona Quant, María de los Ángeles Gutiérrez, Haydee Castillo, Ana Margarita Vigil, Leo Manuel Navarrete, Jerson Delgadillo y Róger Cano Lara, cuya hija rompió en llanto pidiendo la liberación de su papá, demandaron que liberaran a los detenidos, ya que el derecho a la protesta y la libertad de expresión son constitucionales.

Gonzalo Carrión, en representación del Cenidh, indicó que aunque la agresión policial fue contra los manifestantes, otro blanco fueron los defensores de derechos humanos y periodistas, destacando que al menos media docena de comunicadores fueron intimidados, mientras otros fueron atacados por los simpatizantes del partido de gobierno.

Contra periodistas

El abogado señaló que el objetivo policial es no permitir la protesta y las manifestaciones contra el gobierno, pero que también se pretende neutralizar la labor de las organizaciones de derechos humanos y las denuncias a través de los medios de comunicación.

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Un fotógrafo de la agencia Reuters, periodistas de los dos principales diarios nacionales, El Nuevo Diario y La Prensa; el periodista Sergio Marín, del programa La Mesa Redonda y David Quintana, del Boletín Ecológico, fueron retenidos o agredidos por policías y parapolicías mientras ejercían su labor.

La detenciones del domingo provocaron decenas de denuncias en la CPDH y el CENIDH.

Destacó que el equipo del Cenidh llegó a la rotonda de la colonia Centroamérica y se encontraron con el amplio despliegue policial, siendo interceptados por motorizados encapuchados que les impidieron el paso. Uno de estos motorizados estaba armado de pistola e intimidó a varios conductores de vehículos obligándolos a que se fueran.

Las camionetas con antimo-tines, de manera violenta y con alta velocidad, se subieron al bulevar y se desplegaron en la zona, lanzando bombas aturdidoras contra el pequeño grupo de manifestantes.

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Denis Darce, abogado de la CPDH, señaló que el actuar policial no corresponde con sus funciones, porque los manifestantes no causaron obstrucción en la vía pública, y hubo abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza.

Agregó que la Policía actuó con parcialidad, ya que mientras reprimía a los manifestantes azul y blanco, no actuó contra los simpatizantes del partido de Gobierno que también atacaban a los protestantes.