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Penas que oscilan entre 15 a 25 años de prisión recibieron este lunes nueve de 12 ciudadanos originarios del municipio de Tipitapa, Managua, a quienes el Ministerio Público acusó de terrorismo por haber participado en tranques antigubernamentales entre los meses de abril, mayo y junio pasados.

Los sentenciados por la jueza Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, Adela Cardoza Bravo, son Wilmer Martínez Díaz, condenado a 24 años de prisión porque supuestamente era quien jefeaba los tranques que levantaron en Tipitapa.

Liberan a la mayoría de manifestantes del domingo

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A 20 años de cárcel fueron condenados los manifestantes antigubernamentales Ervin Alexander Zamora Peña, Daniel Alexander Sánchez y Junior Alexander Zamora.

Las condenas de 15 años de privación de libertad recayeron sobre Yudielka Yarenis Flores Aburto, Juan Carlos Bermúdez, José Margarito García Orozco, Wilfredo Antonio Orozco Urbina y Mauricio Antonio Paniagua García.

En la sentencia condenatoria, la titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de la capital, no hace referencia a si le mantiene el arresto domiciliar o le cambia esa medida cautelar por la prisión preventiva a Yudielka Flores Aburto.

Familiares de detenidos llenan oficinas de DD. HH.

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A Flores, la única mujer del grupo, le fue permitido enfrentar el juicio en libertad por razones de salud, dijo la jueza Adela Cardoza hace dos semanas, cuando dio a conocer el fallo de culpabilidad para los nueve reos.

Absueltos

En la misma resolución, dada a conocer la tarde de este lunes, la jueza Cardoza no vinculó el delito de terrorismo para Guillermo José Ruiz Gil, Francisco José López Rivera y Yáder Rubén Cantón Rodríguez, por lo que fueron absueltos.

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Según la sentencia conde-natoria, la culpabilidad de los otro nueve protestantes se demostró porque existe “una perfecta adecuación entre la conducta de los encausados con la norma penal específica, regulada en la legislación penal, al haber actuado directamente utilizando armas y realizando actos violentos en contra de personas, bienes, servicios públicos y medios de transporte, como forma para producir alarma, terror o temor en la población”.

La judicial consideró que se desvirtuó la presunción de inocencia para los acusados porque “la premisa –acción antijurídica— necesaria para que pueda darse el juicio de la imputación que representa la culpabilidad, se recreó con una diversidad de pruebas, constatándose que la vinculación de los mencionados encausados fue directa y voluntaria en los actos antijurídicos que les fueron atribuidos, determinándose de forma específica las formas de culpabilidad”.