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Cinco jóvenes estuvieron detenidos en el Distrito I de la Policía de Managua, después que oficiales de tránsito les requisaron sus celulares y hallaron fotografías de protestas. Todos fueron liberados la tarde de este martes, confirmaron sus familiares.

Gabriela Neira, Sean Mairena y Walter Lira, además de otros dos jóvenes de los que aún se desconoce su identidad, fueron detenidos a media noche del domingo en el sector del Club Terraza, por agentes policiales que los requisaron y revisaron sus teléfonos celulares. 

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“Los bajaron, los requisaron y cuando les pidieron los teléfonos encontraron fotos de las marchas. Bastó y sobró eso, para que se los llevaron a la Estación I y los mantuvieron casi 48 horas hasta que por suerte nos dimos cuenta que estaban ahí”, relató Carlos Neira, padre de una de las detenidas.

De acuerdo con las versiones de los familiares, a los jóvenes no se les permitió notificar sobre su detención, por lo que sus parientes optaron por denunciar ante organismos de derechos humanos que estaban desaparecidos.

Trataron de atemorizarlos

El doctor Neira, padre de Gabriela, dijo que aunque no pudieron constatar que los jóvenes fueron agredidos por los agentes policiales, estos expresaron que les intimidaron y amenazaron mientras estuvieron detenidos. 

“En los brazos tenían moretones donde los agarraron, pero más que todo, (el maltrato) fue psicológico con el objetivo de atemorizarlos y amedrentarlos”, declaró Neira. 

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Desde el inicio de la crisis sociopolítica, en abril pasado, decenas de personas han denunciado detenciones irregulares por fuerzas policiales y civiles armados. 

Al inicio, estos casos son reportados como desapariciones, sin embargo, luego los detenidos son presentados por las autoridades policiales acusándoles de delitos relacionados con la participación en manifestaciones antigubernamentales.

Revisión de teléfonos es ilegal, afirman abogados

Ernesto García y Rafael Lara

Si un policía exige el teléfono celular a un ciudadano, está violando el derecho a la privacidad y sus comunicaciones, consagrado en la Constitución.

Así lo explica el abogado Elton Ortega Zúniga, quien califica de “abuso” que la Policía en los retenes pida a los conductores y sus acompañantes sus teléfonos para revisarlos e incluso solicite documentos personales como tarjetas de crédito.

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“Debemos recordar que en los teléfonos celulares las personas no solo tienen el registro de sus llamadas telefónicas, sino también correspondencia que según la Constitución es inviolable”, explicó el abogado penalista.

Ortega Zúniga, quien por varios años fue director de la asesoría jurídica del Ministerio Público, explicó que al momento de retener un vehículo, los agentes policiales están solo facultados a pedir la licencia de conducir, la tarjeta de circulación del automotor y el seguro obligatorio.

El abogado explicó que la Policía tampoco puede  confundir  la requisa corporal con la búsqueda de información en los aparatos de comunicación telefónica de los ciudadanos.

Ortega Zúniga recordó que, incluso en los procesos penales para buscar y extraer información de las personas que son enjuiciadas, la Fiscalía pide autorización a la autoridad judicial que conoce del caso.

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Julio Montenegro, especialista en derecho penal y asesor del equipo legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), señaló que de manera alguna la Policía puede ocuparte un instrumento de índole privado y destacó que el Código Procesal Penal contempla que para efectos de tener información de tipo personal, se requiere de la orden de un juez competente, esto debe ser aprobado luego que la Policía argumente la existencia de una investigación y de razonar la necesidad de tomar esta acción.

Según denuncias, los agentes que detienen los vehículos e invocan la Ley de Seguridad Soberana como respaldo para pedir el teléfono y para las redes sociales, demandan las contraseñas del teléfono celular para ver la información. De negarse, amenazan con llevarse el vehículo. 

Otra tónica viene de los simpatizantes del Gobierno y policías que durante las marchas o en sus detenciones, sin orden de captura ni de allanamiento, buscan arrebatar los celulares.