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A seis meses del inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, Amnistía Internacional concluye en una nueva investigación que el Gobierno de Nicaragua “mantuvo e intensificó su estrategia deliberadamente letal para la represión, con la intención de detener las protestas y castigar a quienes participaban en ellas”.

El informe “Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua”, presentado este jueves en Madrid, documenta “posibles violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional” que habrían cometido las autoridades de Nicaragua entre el 30 de mayo y 18 de septiembre.

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El documento se basa en visitas de investigación a Nicaragua y Costa Rica, realizadas en julio y septiembre, respectivamente, durante las cuales Amnistía Internacional hizo 115 entrevistas y documentó 25 casos de violaciones de derechos humanos.

Según los informes que recoge la nueva investigación, desde el 19 de abril hasta el 24 de agosto habrían perdido la vida por lo menos 322 civiles y unos 21 policías, mientras que otras 2,000 personas habrían resultado heridas en el contexto de las protestas antigubernamentales.

Hasta el 18 de agosto, las autoridades nicaragüenses habían presentado cargos contra al menos 300 personas por participar en las protestas.

“Sin embargo, Amnistía Internacional no tuvo conocimiento de ninguna persona procesada o detenida por violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, como tortura y ejecuciones extrajudiciales”, revela el nuevo informe, que se publica cuatro meses después del primer informe de AI sobre la crisis nicaragüense.

En lugar de criminalizar a quienes protestan calificándolos de ‘terroristas’ y de ‘golpistas’, el Gobierno nicaragüense “debe garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Ejecuciones extrajudiciales

Además, el informe también documentó seis posibles ejecuciones extrajudiciales, las que podrían configurarse en delitos de derecho internacional. Una de las muertes documentadas es la de Leyting Chavarría, un joven de 16 años que recibió un disparo en el pecho cuando la policía y grupos parapoliciales atacaron una barricada en Jinotega.

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“Según testigos, un policía antidisturbios mató a Chavarría, que solo llevaba una honda (hulera)”, sostiene el documento.

La organización internacional de derechos humanos habría también documentado casos de policías y grupos parapoliciales con armas de guerra, como “fusiles tipo AK, fusiles de francotirador dragunov, remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK y PKM, e incluso lanzagranadas portátiles RPG-7”.

Detenciones

El informe destaca siete casos de probables detenciones injustificadas, así como violaciones del debido proceso.

Además, argumenta que las autoridades emplearon la tortura para castigar a quienes protestaban.

“Amnistía Internacional documenta, al menos, 12 casos de posibles torturas, incluido uno de tortura sexual de una mujer joven en un centro de detención oficial. En varios casos, las víctimas tenían aún lesiones físicas cuando fueron entrevistadas, más de un mes después”, señala una nota de prensa de la organización.

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El agravante es que, de acuerdo con la información recolectada por Amnistía Internacional, en lugar de realizar investigaciones puntuales, imparciales y exhaustivas sobre las violaciones de derechos humanos, las autoridades “han acosado y amenazado a menudo a las víctimas y a sus familias”.

Migración

Los seis meses de crisis también han provocado el desplazamiento interno y la migración de miles de personas, señala el informe de Amnistía Internacional.

Guevara Rosas añade que con la adopción de estrategias cada vez más despiadadas y sofisticadas para reprimir a su propio pueblo, el Gobierno ha empeorado la peor crisis de derechos humanos de Nicaragua en décadas, obligando a miles de personas a abandonar su hogar y buscar seguridad en otras partes del país o en la vecina Costa Rica, concluyó.