• Nicaragua |
  • |
  • |
  • Edición Impresa

Al amanecer del 17 de julio Álvaro Antonio Gómez, su esposa y sus dos hijos despertaron por el sonido de los disparos de armas de fuego. También oían voces, algo distante.

Ese día en el barrio Monimbó, en Masaya, civiles armados enmascarados y fuerzas policiales realizaron la “operación limpieza” para derribar los tranques colocados por los protestantes antigubernamentales en las principales vías de la ciudad.

Fotos: Crisis fuerza a nicas a migrar a Costa Rica

Como resultado del operativo, hubo cuatro fallecidos, entre ellos un agente policial, y detuvieron a por lo menos 70 personas, según información de organismos defensores de los derechos humanos.

Gómez y su familia se vieron forzados a dejar su vivienda y refugiarse en casas de amigos o parientes, para sortear la persecución que se desató en el barrio.

“Ese mismo día, familiares nos ayudaron a salir de la ciudad y estuvimos ocultos en las zonas de la periferia de Masaya”, recuerda Gómez.

El hombre, de 48 años, es el padre de Álvaro Alfredo Gómez, una de las primeras víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales. El joven, que laboraba como obrero en una zona franca y estudiaba Finanzas, recibió un disparo en el pecho el 20 de abril en una barricada de Monimbó. Tenía 23 años.

Debido al asedio sufrido después de la muerte de su hijo, y luego de la “operación limpieza”, la familia Gómez consideró que era mejor salir del país, y optaron por separarse para facilitar la salida.

Álvaro y su esposa permanecieron juntos, mientras sus dos hijos eran recibidos por amigos para ayudarles a huir. Los padres empezaron a desplazarse desde la ciudad de Masaya hacia la zona fronteriza con Costa Rica, apoyados por amigos.

“Estuvimos así desde el 18 de julio hasta el 4 de agosto, cuando logramos salir. Esos días los pasábamos ocultándonos principalmente de alguna visita que llegara a la casa en la que permanecíamos”, relata Gómez desde el exilio.

Cuenta que lograron entrar a territorio costarricense por un punto ciego de la frontera, a eso de las 8 de la noche del 4 de agosto.

Muchos de los que han huido a Costa Rica son estudiantes universitarios según reportes de la relatoría de migraciones de la CIDH.

“Después de cruzar la guardarraya caminamos unos 500 metros hasta alcanzar un vehículo que nos movió a otro punto dentro de la montaña costarricense, donde dormimos esa noche”, contó Gómez.

Los hijos del matrimonio lograron salir del país de manera legal, sin ningún obstáculo de las autoridades nicaragüenses.

Gómez dice que tanto él como su familia iniciaron el trámite de refugio días después de ingresar a territorio costarricense. Ya les dieron un carné que certifica que su caso es analizado por las autoridades costarricenses, pero hasta hoy ninguno está laborando; reciben el apoyo de organizaciones humanitarias y de otros migrantes nicaragüenses.

“Mi idea no es hacer vida en Costa Rica, pienso volver a Nicaragua cuando me sea posible”, expresa Gómez.

Amenazado

Ricardo Zambrana, ex presentador del Canal 2 de televisión, también optó por exiliarse tras recibir amenazas.

Zambrana, quien accedió a contar su historia bajo la condición de no revelar el lugar donde permanece, afirma que luego de renunciar a la estación televisiva el 23 de abril de este año, participó en protestas antigubernamentales y publicaba en redes sociales aspectos relacionados a ellas, motivo por el cual comenzó a recibir amenazas.

CIDH entrevista a 237 nicas que huyeron a Costa Rica

Afirma que muchos de quienes vertían improperios en su contra eran “antiguos amigos”, y como medida de seguridad optó por dejar de salir a la calle; sin embargo, conforme el tono de las amenazas se volvió más fuerte comenzó a sopesar la posibilidad de abandonar el país.

Muchos buscan puntos ciegos en la frontera con Costa Rica para cruzar al otro lado. Archivo/ END

“Pasé al menos tres meses prácticamente sin salir de casa. Llegó un punto en donde las amenazas comenzaron a subir de intensidad, así que busqué cómo salir del país antes de tener más complicaciones”, relata Zambrana.

Asegura que pudo irse de Nicaragua sin que las autoridades migratorias realizaran ningún tipo de restricción a su salida, pero sigue recibiendo amenazas a través de las redes sociales.

Miles huyeron

Igual que Gómez y Zambrana, en los seis meses de crisis política miles de nicaragüenses se han ido del país para protegerse de cualquier represión por haber participado en actos de protestas.

Marlin Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó que en un primer momento los movimientos de quienes huían se dieron a lo interno del país, como una manera de protección, pero después se generó un desplazamiento forzado al exterior.

Señaló que entre abril y agosto, según datos oficiales del departamento de Migración costarricense, entre 23,000 y 25,000 nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica.

“La masa de migrantes que se están yendo hacia el extranjero en su mayoría son jóvenes universitarios, o sea, hablamos de una generación y con un grado de escolaridad alto”, aseguró Sierra.

Agregó que muchos de estos exiliados nicas han tenido que salir del país por puntos ciegos, volviéndose más vulnerables ante amenazas como la trata de personas y la explotación sexual.

Reto para Gobierno tico

Alberto Cortés Ramos, investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, dice que probablemente la llegada de refugiados nicaragüenses a territorio costarricense en este lapso de tiempo está acercándose a las 30,000 personas, lo que supone un verdadero desafío para las instituciones gubernamentales de ese país.

Mayoría de refugiados en Costa Rica son estudiantes

“Es una situación compleja y crítica, debido a que ni el Estado ni las organizaciones sociales en Costa Rica estaban preparadas en términos logísticos, institucionales y presupuestarios para un aumento tan acelerado de la inmigración nicaragüense. Sin duda, el país deberá hacer un gran esfuerzo, que requerirá apoyo internacional para poder llevar a cabo una adecuada gestión de la población refugiada nicaragüense”, reflexiona Cortés Ramos.

Un grupo de nicaragüenses se toma un descanso mientras se dirige por veredas a Costa Rica.

“Sin duda, el primer desafío es su regularización en términos de condición de refugio y, posteriormente, su supervivencia material, lo que incluye la búsqueda de apoyo con oenegés u organismos especializados en atención de población refugiada o asilada. Otro desafío es la búsqueda de inserción laboral”, comenta.

Apoyo humanitario

Sierra dice que los exiliados nicaragüenses enfrentan otro predicamento, ya que se establece que cuando un migrante viaja a otro país, el Estado de donde es originario, a través del consulado, debe apoyarle a gestionar la legalización de su estatus migratorio.

“Pero, al migrante que está saliendo por una situación de una amenaza de muerte, por persecución, en este caso el Gobierno, el país destino tiene la obligación de brindarle la protección en el sentido de prestarle el auxilio, en este caso que se pueda refugiar”, explica Sierra.

Cortés Ramos considera que “los organismos internacionales relacionados con el tema de refugio y la cooperación internacional deben tener una política muy clara de apoyo al gobierno (de Costa Rica), para que el país pueda hacer frente de una manera adecuada a la gestión de la población nicaragüense refugiada y exiliada”.

Consultado sobre los resultados que podrían obtenerse con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la situación de los exiliados nicaragüenses, Cortes Ramos opina que habrá muchos más testimonios e información sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua.

Miles de nicaragüenses han huido para sobrevivir

Migración. El Servicio Jesuita para Migrantes considera que en Nicaragua se da una migración forzada, ya que por una coacción externa e inevitable las personas deciden irse del país.

Uriel Velásquez

Yorlin Mairena es un joven chontaleño que no quería irse de Nicaragua. Aquí lo tenía todo: familia, casa, trabajo, estudios y sueños. Haber estado en un tranque en Juigalpa durante dos meses y dos días protestando contra el Gobierno, lo convirtió en un perseguido. Tiene 22 años de edad y el temor a ser encarcelado y torturado lo llevó a Costa Rica.

Con lentes oscuros, un corte de cabello inusual al que siempre luce y apartándose de los tumultos, el joven salió con la visa del Consulado de Costa Rica en Managua una mañana de agosto. Tenía miedo de ser reconocido.

CIDH y MESENI llegan a Costa Rica para verificar situación de refugiados nicaragüenses

Es un chavalo flaco, de mirada triste, moreno, estudioso y apasionado por las ventas. Cursaba el tercer año de Marketing, en Juigalpa, trabajaba en un negocio familiar de venta de ropa que cerró por la persecución a su familia, que apoyó el tranque de la entrada a la ciudad.

“Me uní al tranque como estudiante porque considero que nuestra causa es justa, un Gobierno es para proteger y no para reprimir”, asegura Mairena.

El tranque fue desmontado a balazos por fuerzas policiales y parapoliciales el 14 de julio, pese a que ya había un acuerdo entre los manifestantes y la Policía, mediado por la Iglesia Católica, para suspender la protesta de manera pacífica. Ese día comenzó la persecución.

“Llegaron a buscarme a la casa, me andaban en una lista. Ellos tienen informantes en todos los barrios. Desde ese día no dormía en mi casa y ya no aguanté más, me tengo que ir aunque no quiera”, recuerda Mairena.

Varios de sus amigos fueron encarcelados, y su mayor temor era ser capturado y posteriormente enjuiciado por terrorismo. Los últimos 30 días antes de su viaje, anduvo de casa en casa, cambió de número telefónico y se convenció de que debía salir del país.

En Costa Rica lo esperaba su familia, pero la incertidumbre de no saber qué hacer allá lo agobiaba desde antes de salir de Nicaragua. “Es horrible que tu vida tenga que cambiar de la noche a la mañana solo por no estar de acuerdo con un Gobierno, por levantar una bandera y querer un cambio para Nicaragua”, comenta Yorlin Mairena.

Separación familiar

La familia Chávez, de Jinotepe, Carazo, se dividió literalmente de la noche a la mañana. El ocho de julio, el ataque combinado por fuerzas policiales y parapoliciales a los tranques de la ciudad dejaron al menos 14 muertos y desde esa misma noche se desató la persecución a los protestantes y sus familias.

“Recibí llamadas de conocidos y comentarios de personas que decían que como apoyamos la lucha cívica, los paramilitares llegarían a nuestra casa después del ataque al pueblo”, recuerda Cecilia Chávez, la madre.

El esposo de Cecilia y uno de sus hijos, quienes habían apoyado a los huelguistas con agua y comida en algunas ocasiones, pasaron ese día encerrados en su casa, siguiendo atentos, con tristeza e impotencia, las noticias de muertos y heridos que surgían con el paso de las horas.

Esa misma noche, él y su hijo decidieron salir del país. No querían irse, pero estaban claros que quedarse podría representar una de dos: la cárcel o la muerte.

El tiempo se detuvo

“Fue una noche eterna”, recuerda Cecilia. “Fue muy difícil. La separación familiar es un duelo. Mi esposo no quería irse porque él decía que no había hecho nada por lo que pudieran apresarlo. Pasamos una noche y amanecer eterno. Estábamos paralizados de ver tanto horror”, describe Chávez.

Finalmente, tomaron un bolso cada uno y sin documentos se fueron a Costa Rica. Pasaron por montes. Tras 14 horas de viaje llegaron a San José. La vida les cambió de la noche a la mañana.

El padre de familia era el encargado de un taller de vehículos, mientras su hijo es un universitario de 26 años, cristiano y músico de una congregación evangélica de Jinotepe.

CPDH pedirá a Costa Rica integrar migrantes nicaragüenses en puestos de trabajo

“La salida de ellos representó replantearnos nuestras vidas, aceptar una nueva realidad y tratar de sobrellevar de la mejor manera los efectos económicos, sentimentales, emocionales y hasta espirituales de esta nueva etapa familiar”, explica Cecilia, quien se quedó sola con dos hijas y a cargo del negocio.

En Costa Rica, el esposo y el hijo de Cecilia llevan tres meses buscando empleo, sin poder hallar. Desde Nicaragua reciben dinero de su familia para subsistir, pero no piensan regresar. Tienen miedo.

“Desde que se fueron, en la casa hay un inmenso vacío. Creo que nada lo llena, pero debemos ser valientes”, dice Cecilia, una mujer de 49 años.

Miles huyen

El informe “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), revela que Nicaragua se encuentra en una tercera etapa de represión que consiste en que “la criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al Gobierno”.

El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes o simplemente expresado una opinión disidente, “se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre abril y julio las autoridades costarricenses recibieron al menos 23,000 solicitudes de asilo de nicaragüenses.

Frustración y miedo

La directora del Servicio Jesuita para Migrantes, Lea Montes, sostiene que las familias nicaragüenses “están viviendo una de las situaciones más difíciles de las últimas décadas”.

“Desde que inició la crisis sociopolítica, centenares de nicaragüense han decidido migrar para proteger sus vidas, ante la persecución de los agentes que tienen poder. Y esto es una migración forzada, porque conlleva una elección de coacción externa e inevitable que determina la decisión de las personas”, indica Montes.

En este sentido, ante la migración forzada la persona tiene poca o ninguna capacidad de elección, explica.

Exiliados nicaragüenses realizan plantón frente a embajada de Nicaragua en Costa Rica

“Esta situación es muy triste y preocupante porque lleva consigo la separación familiar y mucho dolor a las personas que se van y las familias que se quedan sin su ser querido”.

El psicólogo Juan Daniel González asegura que la separación familiar trae consigo un sentimiento de pérdida que desestabiliza tanto a quien decide salir del país, como a sus familiares.

“El hecho migrar por la fuerza hace una gran diferencia de las personas que migran por una opción consensuada con la familia. Es importante entender que la situación que vive Nicaragua sobrelleva una decisión que es salvar tu vida o quedarte para que te quiten la vida o sufrir otras consecuencias”, dice el psicólogo.

Lea Montes sostiene que las personas que han tenido que salir de Nicaragua, perseguidas por el Gobierno o por el empeoramiento de la situación económica, “es casi seguro que no regresarán hasta que las condiciones del país les brinden seguridad para vivir en paz”.

El primer asilado

El secretario general de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, fue uno de los primeros exiliados; se fue a Costa Rica en agosto y en la segunda semana de octubre le concedieron el asilo, el primero que otorga el gobierno costarricense a un nicaragüense durante esta crisis.

Leiva emigró a Costa Rica tras denunciar amenazas contra su vida y asedio a las oficinas de la ANPDH, una de las organizaciones humanitarias que investigó in situ violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales en diferentes ciudades del país, cuyo peor saldo ha sido muerte de al menos 323 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) anunció que enviará una misión a Costa Rica, para gestionar ante el gobierno que ayude a más de 20,000 exiliados nicaragüenses a obtener empleo en el sector productivo de esa nación.

23 mil nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica

“La masa de migrantes que se están yendo hacia el extranjero, en su mayoría son jóvenes universitarios, o sea, hablamos de una generación completa con un grado de escolaridad alto”.

Marlin Sierra, directora ejecutiva del Cenidh.