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Frédéric Coppens, padre de la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens detenida y acusada de “terrorismo” en Managua, denunció este jueves que el proceso judicial que se lleva contra su hija es “eminentemente político”.

Amaya, de 23 años, estudiante de quinto año de Medicina y una de los líderes del movimiento de protesta, está acusada de dirigir las barricadas y de haber incendiado un edificio de la universidad durante las manifestaciones en la ciudad de León (noroeste).

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Para su padre, un belga que vive desde hace más de 30 años en Nicaragua, “no hay ninguna duda de que será condenada, allí es considerada como nicaragüense”.

El miércoles, la justicia confirmó en una audiencia los cargos contra la estudiante, entre ellos el de “terrorismo” por su participación en las protestas contra el Gobierno de Nicaragua.

La joven fue detenida el 10 de septiembre en su domicilio en León y después encarcelada. El miércoles compareció ante un juez en Managua que confirmó su detención preventiva y convocó un juicio para el 10 de diciembre en Managua.

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Coppens será enjuiciada por “terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, secuestro, tenencia ilegal de armas y robo agravado en prejuicio del Estado”, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

“Es un juicio eminentemente político [...] El sistema judicial no es nada independiente”, dijo Frédéric Coppens en una entrevista telefónica con la AFP, y señaló que no había previsto un juicio definitivo antes de seis meses.

Evidenciar errores

“El objetivo de la defensa es poner en evidencia los errores de procedimiento que se acumulan uno tras otro”, continuó, citando la detención de su hija “sin orden de arresto”, los “malos tratos” o la imposibilidad de hablar con un abogado durante un mes.

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Actualmente, Amaya Coppens se encuentra en la prisión para mujeres La Esperanza, donde comparte su celda con otras ocho detenidas. “En un mes tuvo derecho dos veces a 15 minutos de paseo”, afirmó su padre.

Este explicó que Bélgica, que no tiene Embajada en Managua, había dado un mandato al encargado de negocios de la Embajada de Luxemburgo para que represente a las autoridades consulares durante el proceso. “Su intervención es humanitaria. Se trata de garantizar el respeto de los derechos fundamentales”, según él.

Al menos 500 manifestantes, una veintena de los cuales son considerados como dirigentes, fueron detenidos desde hace seis meses en Nicaragua.