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Desde que el Gobierno de Nicaragua dio por terminada la misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), hace mes y medio, la criminalización en contra de líderes y participantes en las protestas antigubernamentales se ha recrudecido, afirma una representante del organismo.

Marlene Alejos, representante regional para América Central de la OACNUDH, explica que solo en septiembre contabilizaron, según información oficial de la Policía, 59 hombres, 5 adolescentes y dos mujeres detenidas y procesadas, todos “relacionados con presuntos delitos cometidos en el marco de las protestas”.

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Desde el extranjero, la OACNUDH ha continuado monitoreando diversas fuentes para registrar “posibles violaciones de derechos humanos”.

“La oficina ha llevado a cabo 38 entrevistas a distancia y 31 presenciales con víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil, integrantes de la academia, de organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos, entre otros en Panamá y en Costa Rica”, detalla Alejos.

En esta entrevista, la experta de la ONU hace una valoración sobre la situación actual de derechos humanos en Nicaragua, señala la disposición de su oficina de regresar al país y que, incluso, podrían hacerlo “para contribuir a que el diálogo nacional se reanude”.

Seis meses han pasado desde que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua ¿Cómo valora en este momento la evolución de la crisis en términos de derechos humanos?

Durante los últimos dos meses y medio se ha observado una disminución en las cifras de personas muertas y heridas en el marco de las protestas, sin embargo, la represión de las voces que disienten del Gobierno ha continuado e incluso intensificado en algunos aspectos.

Se reporta un incremento a privaciones de libertad, amenazas, intimidaciones y estigmatización. Una dificultad que ya habíamos tenido durante nuestra misión en Nicaragua es el no poder contar, pese a repetidas solicitudes formales, con información detallada por parte del Estado sobre arrestos, privaciones de libertad, muertes, condiciones de detención, procesos judiciales, acceso a servicios médicos, entre otras situaciones que deben ser objeto de seguimiento. Este tipo de información suele ser la base de nuestra labor en otros países.

Teniendo como referencia el informe que publicó la OACNUDH hace más de un mes ¿cómo ha evolucionado la crisis desde entonces?

La información disponible muestra que la criminalización en contra de líderes y participantes en las protestas se ha recrudecido. Datos publicados en la página web de la Policía Nacional registran en el mes de septiembre únicamente la captura de 64 hombres, incluyendo a 5 adolescentes y dos mujeres relacionados con presuntos delitos cometidos en el marco de las protestas.

En este contexto, preocupa de manera particular el contenido de la nota de prensa difundida por la Policía Nacional el 28 de septiembre, calificando como “ilegales” manifestaciones en las que habrían ocurrido actos de violencia y señalando como responsables a las organizaciones o personas convocantes.

Tales afirmaciones son contrarias a los estándares internacionales en materia de responsabilidad penal y derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y estas generan un efecto intimidatorio sobre las y los participantes.

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De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, episodios de violencia cometidos esporádicamente por algunos participantes no convierten a una manifestación entera como “no pacífica” o “ilegal”, considerando a los organizadores penalmente responsables de conductas violentas de otros. Además, en todo caso, definir responsabilidades en materia penal corresponde al órgano judicial y no a la Policía.

Desde hace más de un mes que la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos no se encuentra en el país ¿Cómo han continuado su trabajo de monitoreo desde el exterior? ¿qué obstáculos se les han presentado y cuáles planes tienen a futuro?

Desde que el equipo de la OACNUDH salió de Managua, el 1 de septiembre, este se trasladó a la Oficina Regional para América Central en Panamá para continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota, pero desde la región. No es lo ideal, pero es una opción que debemos mantener.

La oficina ya lo ha hecho en otras situaciones, en otros países donde el acceso se nos ha restringido. En septiembre, por ejemplo, además de monitorear regularmente las fuentes abiertas disponibles y recibir información sobre posibles violaciones de derechos humanos a través de distintos canales, la oficina ha llevado a cabo 38 entrevistas a distancia y 31 presenciales con víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil, integrantes de la academia, de organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos, entre otros, en Panamá y en Costa Rica.

Hemos mantenido una comunicación continua con diferentes actores claves en el país. A pesar de no estar presentes en el país físicamente, como desearíamos, la oficina mantiene el compromiso de dar seguimiento a la situación de derechos humanos en Nicaragua, apoyando iniciativas locales en este sentido, con la esperanza de que la situación mejore pronto.

¿Existe la posibilidad de que hagan una nueva solicitud al Gobierno de Nicaragua para que una misión del OACNUDH regrese al país?

En todas las oportunidades en las que la OACNUDH se ha comunicado con el Gobierno de Nicaragua, y también la nueva alta comisionada, ha resaltado su disponibilidad para restablecer una presencia en el país con miras a cooperar con las autoridades y las fuerzas vivas de la sociedad civil para apoyar en la búsqueda de soluciones pacíficas, respetuosas de los derechos humanos de todos y todas las personas, que conlleven a mejorar la situación de derechos humanos.

En tal sentido, quiero resaltar que el mandato integral de OACNUDH incluye tanto el monitoreo de la situación de derechos humanos como la asistencia y cooperación técnica. Por ejemplo, se ha ofrecido al Gobierno asistencia técnica para asegurar la aplicación de estándares internacionales en relación con el uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional, detenciones arbitrarias y garantías de debido proceso.

¿Qué puede hacer diplomáticamente la OACNUDH para que el Gobierno de Nicaragua cumpla con las 12 recomendaciones que ustedes le hicieron en su informe?

Las recomendaciones incluidas en el informe de OACNUDH y las formuladas por la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos ofrecen una hoja de ruta no solamente para superar la actual crisis, sino para abordar algunas de las causas estructurales que han socavado progresivamente el goce de los derechos humanos y debilitado a las instituciones y al estado de derecho en Nicaragua.

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También, dos de esas recomendaciones están dirigidas a la comunidad internacional en su conjunto para que continúe monitoreando la evolución de la situación en Nicaragua y siga llamando a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, en todos los espacios multilaterales y regionales.

El Gobierno, públicamente, ha reiterado su compromiso en relación con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero en la práctica, durante los últimos meses, no hemos visto lamentablemente acciones concretas para garantizar el respeto de los derechos humanos de toda la población.

¿Estarían dispuestos a ser testigos o mediadores del diálogo? ¿De qué forma esto contribuiría a darle credibilidad al diálogo nacional?

La oficina está convencida de que retomar un diálogo nacional ampliamente inclusivo y basado en un enfoque de derechos humanos es crucial para lograr acuerdos que permitan salir de la actual crisis social.

La Conferencia Episcopal ha actuado de mediador en el diálogo, a solicitud del Gobierno y ha jugado un papel clave aún para que el Gobierno aceptara el escrutinio internacional, incluyendo por parte de la OACNUDH. Nuestra disposición sigue estando orientada a coadyuvar los esfuerzos de las autoridades y la sociedad civil, incluso regresando al país, para contribuir a que el diálogo nacional se reanude.

¿Podría haber un avance por parte de las autoridades nicaragüenses, en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos?

La OACNUDH ha expresado claramente la necesidad de que se realicen prontamente investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes en relación con todas las denuncias de serias violaciones a los derechos humanos y abusos que han ocurrido desde el 18 de abril.

De acuerdo con los principios y estándares internacionales, que el Estado de Nicaragua ha incorporado en su ordenamiento legal, los responsables de violaciones graves de los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas de personas, violencia sexual, entre otras, no deberán gozar de impunidad.