• Managua, Nicaragua |
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  • EFE

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció hoy que los "errores" de la justicia durante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua son documentados, para llevar al Gobierno de Nicaragua ante la justicia internacional.

"Todos los errores que han hecho en el sistema judicial amañado que existe en Nicaragua están siendo documentados para llevarlos primeramente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se haya un juicio contra el Gobierno de Nicaragua por el maltrato a las personas", dijo Juan Sebastián Chamorro, representante de los empresarios en la Alianza.

Tanto la Alianza como organizaciones defensoras de los derechos humanos locales e internacionales señalan al Gobierno por la muerte de entre 325 y 528 personas, a causa de actos de represión desde el estallido social del 18 de abril pasado. El Gobierno ha admitido 199 víctimas.

Los arrestos a ciudadanos por protestar será parte de la documentación que están recopilando organizaciones de la sociedad civil. Archivo/ END

Los organismos también afirman que en Nicaragua existen al menos 558 "presos políticos", encarcelados tras participar en protestas, pero el Gobierno ha reconocido más de 200 reos, a quienes señala como "terroristas" y "golpistas".

Al Gobierno también se le atribuyen "ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos".

Entre los organismos internacionales que han realizado dichos señalamientos están la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Amnistía Internacional (AI).

Ortega niega ser el responsable de los señalamientos y mantiene que todo se debe a un intento de "golpe de Estado".

Ya es costumbre en los últimos seis meses observar grupos de personas en las afueras de El Chipote, reclamando para ver a sus familiares detenidos en el contexto de las protestas. Archivo/ END

La Alianza mantiene su interés en que el diálogo nacional con el Gobierno para superar la crisis sea reactivado, luego de quedar suspendido en julio pasado, tras una agresión de grupos oficialistas al Episcopado, que actúa como mediador.

Sin embargo, el presidente Daniel Ortega ha reiterado su rechazo al diálogo.

Familiares de personas detenidas en protestas rechazaron esta mañana públicamente que, en una eventual negociación, los "detenidos” sean intercambiados por una amnistía, bajo el argumento de que este trato repetiría dos errores históricos por daños a la sociedad, primero tras la
dictadura de Anastasio Somoza Debayle, y luego con el mismo Ortega en los años 80.