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Al menos dos mujeres en detención han terminado en abortos espontáneos en las cárceles, mientras otros sufren de diversos males que no son tratados, según las denuncias de familiares ante las organizaciones de derechos humanos que responsabilizaron al Gobierno como el primer responsable de la falta de atención. Estos mismos organismos consideran que la omisión también puede considerarse como una forma de maltrato.

Entre los casos de defensa judicial llevados por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), su directora jurídica, Karla Sequeira, señala que han solicitado revisión médica en al menos 50 casos de privados de libertad en proceso judicial y, en algunos se ha insistido en varias ocasiones, pero no fueron aprobadas por los jueces.

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En comparación con el primer período de protesta “consideramos que después de estos meses hay cierta mejoría en la atención de los privados de libertad, dando oportunidad para que los detenidos puedan tener visita, pero todavía no hay acceso a las medicinas”, dijo la doctora Sequeira.

Todo indica que este comportamiento es premeditado y siendo así, la omisión podría calificarse como una forma de maltrato y, por ende, una violación a los derechos humanos.

La asesora legal señala que en el caso de los medicamentos las personas que tratan de hacerlos llegar a sus familiares detenidos tienen que depositarlos por aparte a un encargado de la penitenciaría, pero cuando se pregunta a los destinatarios si los han recibido, estos aseguran que no les han llegado. “Al preguntar (a los presos) si les han llevado a medicina legal para luego pasar consulta en un centro hospitalario, nos aseguran que no”, dijo.