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Al menos cuatro personas son detenidas al día desde abril, cuando iniciaron las protestas contra el Gobierno, según los registros de las denuncias de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Desde abril pasado, la CPDH ha contabilizado unos 600 manifestantes que fueron detenidos por fuerzas policiales, civiles armados o una combinación de ambos, señaló Cuevas.

Sin embargo, esta cifra podría variar por la cantidad de casos de detenciones que no son denunciadas ante organismos de derechos humanos u ocurren en zonas donde estos no tienen cobertura, según la CPDH.

En algunas ocasiones, cuando los manifestantes son liberados, los familiares optan por no reportarlo, lo que provoca que no se pueda actualizar esta cifra total, afirmó Pablo Cuevas, abogado de la CPDH.

“La familia no informan porque están atemorizados, las autoridades los amenazan para que no regresen a nuestras oficinas y la gente con mucho miedo, se pierde”, indicó Cuevas. 

Meses sin caragos

La CPDH informó, además, que otra de las irregularidades frecuentes en los casos de manifestantes detenidos es el tiempo que permanecen presos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) antes de ser acusados formalmente en los tribunales de Managua.

“La ley habla de 48 horas, pero por el contrario los tienen meses. Así están haciendo con todos”, criticó el abogado Pablo Cuevas, quien señaló que Carlos Humberto Silva, el joven apresado por estar señalado de derribar árboles metálicos, es uno de los casos más importantes, puesto que fue detenido desde hace casi dos meses y aún no ha continuado el proceso judicial.

Otro de los casos más recientes es Alexander Pérez, abogado y expolicía que participó en manifestaciones en Rivas, quien fue presentado por la Policía Nacional como “responsable” del incendio del edificio de Caruna en Managua el pasado 30 de mayo. 

“Esta es una nueva fase represiva que viola la constitución, los derechos humanos y pone a las autoridades al margen de la ley”, agregó Cuevas.

Tan solo en esta semana, la Policía Nacional anunció que se procesará judicialmente a 11 personas más por haber “cometido delitos graves” como secuestro, homicidio, lesiones y portación ilegal de armas, por estar vinculados al levantamiento de tranques.