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Un total de 13 personas que participaron en protestas contra el Gobierno han sido beneficiadas con la medida restrictiva de arresto domiciliar, según datos de organismos defensores de derechos humanos.

Entre los beneficiados destacan 11 adolescentes y dos adultos mayores, explicó Braulio Abarca, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

“Los adolescentes son menores de 18 años, por lo cual esta fue una solicitud que se le ha realizado a los jueces de la materia para preservar el derecho de estos menores, tal como lo establece la convención del niño”, dijo Abarca.

De acuerdo al jurista, una de las últimas personas en ser beneficiada con esta medida es Yudielka Flores Aburto, originaria del municipio de Tipitapa y quien fue condenada a mediados de octubre a 15 años de prisión por el delito de “terrorismo”.

“Su abogado defensor solicitó esta medida, debido a que ella está embarazada y por ahora tenemos entendido que continúa así”, explicó Abarca.

Distribución de los detenidos

La fuente detalló que los beneficiados con el arresto domiciliar son residentes de los departamentos de Carazo y Managua principalmente.

“En Carazo, un joven de iniciales B.J.M de 16 años fue beneficiado con esta medida. También en Managua, en el caso que se seguía por el robo a la casa del jefe policial Juan Valle, también fue declarado absuelto otro adolescente”, dijo Abarca.

Por su parte Karla Sequeira, del área jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), agregó que también en algunos de estos casos para los adolescentes, los judiciales han pedido también una caución económica.

“Eso se dio mucho en los primeros momentos de la represión cuando la mayor parte de los detenidos tanto en El Chipote, como en el Sistema Penitenciario eran adolescentes que estuvieron en la Upoli”, dijo Sequeira.

La jurista agregó que los únicos prisioneros políticos que han sido beneficiados por esta medida son los adolescentes, ya que ni siquiera los presos con enfermedades crónicas han tenido esa ventaja.

Matrimonio de la tercera edad

Un caso emblemático entre quienes han sido condenados a cumplir su pena bajo arresto domiciliario es el matrimonio de Dulce María Sánchez de 58 años y David Parajón de 59 años. Ambos habitantes del municipio de San Rafael del Sur en Managua.

Sánchez recibió una condena de dos años por el delito de obstrucción de funciones en los juzgados de esa localidad, mientras que su esposo fue condenado a dos años y medio de prisión por los delitos amenazas y de obstrucción.

La semana pasada, el Comité Pro Libertad de Presos y Presas Políticas de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentaron un informe en el que se afirma que al menos 558 personas han sido detenidas desde que inició la crisis política. 

El informe fue elaborado con base a denuncias que familiares han presentado ante organismos de derechos humanos, detalla que del total de detenidos, 375 están siendo procesados, 36 recibieron sentencia firme y por lo menos unas 147 personas llevaban más de 48 horas detenidas, sin presentarse una acusación formal.