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A pesar de que no hay una estadística, ni diagnósticos específicos de las enfermedades que padecen los presos y presas, todos de forma general presentan problemas de salud, explicó Karla Sequeira, asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

CPDH contabiliza 600 detenciones desde que inició la crisis

“Casi todos los privados de libertad sufren de alergias, hongos, problemas respiratorios por las condiciones carcelarias”, mientras que otros, “producto de los golpes, como en el caso de William Picado, a quien le rompieron el tímpano y otro joven que perdió la vista porque fue golpeado en la cara, también está el caso de Dilon Zeledón y Eynar Baltodano, quienes han presentado problemas de convulsiones constantes, uno de ellos aproximadamente 71 veces”, detalló Sequeira.

La defensora de derechos humanos refirió que “estas personas estaban sanas y el Estado de Nicaragua ahora tiene una gran responsabilidad directa con ellos”.

Enfermedades crónicas 

En lo que va de la crisis sociopolítica iniciada en abril, la CPDH  también ha recibido denuncias de al menos 10 personas de la tercera edad, detenidas y acusadas de terrorismo.

Los familiares de estos presos han denunciado que no les permiten pasar el medicamento, algo que pone en riesgo sus vidas, ya que muchos padecen de hipertensión, cardiopatía, hígado graso y problemas en la vesícula.

Tal es el caso del coronel en retiro del Ejército de Nicaragua, Carlos Brenes, que sobrepasa los 60 años. “Carlos Brenes y Tomás Maldonado son personas de la tercera edad y sufren de diabetes nivel 4, ambos necesitan estar en otras condiciones carcelarias y lamentablemente a estas alturas no se ha hecho un dictamen de Medicina Legal para hacer un cambio de medida”, señaló la promotora.

También se refirió al caso del privado de libertad, José Ramón Ampié Toledo, quien presenta problemas en el hígado que le puede generar cirrosis. “Necesita un tratamiento especial, tiene problemas en el hígado y en el expediente tenemos su epicrisis médico, ya lo hemos presentado en las audiencias, y a pesar de que sus familiares le han pasado medicamentos de hasta C$2,500, no se los han entregado al recluso”, expresó Sequeira.

Cáncer

Un caso que tiene consternado a Nicaragua es el de Brenda Muñoz, de 46 años, quien fue detenida desde el pasado 15 de julio y padece de cáncer hepático en estado terminal, ella pidió por medio de una carta firmada por 17 presas de La Esperanza, que la dejaran disfrutar de sus últimos años de vida al lado de su familia, pero las autoridades no le han permitido, tampoco ha recibido la atención médica adecuada.

“Nosotros no llevamos el caso de Brenda, pero como defensores de los derechos humanos, nos interesa por las condiciones y la etapa crítica en la que se encuentra, además, el Sistema Penitenciario no le está dando el tratamiento adecuado”, lamentó la asesora legal de la CPDH.

Margarette May Macualay, relatora para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de Twitter expresó el pasado 25 de octubre su preocupación por el grave estado de salud de Muñoz y pidió al Estado de Nicaragua proteger la vida e integridad de las personas detenidas.

“Nosotros como CPDH en todos los casos judiciales cuando se hicieron las audiencias iniciales solicitamos que se mandaran a Medicina Legal a los detenidos”, sin embargo, “el Sistema Penitenciario no ha hecho caso a las solicitudes, aunque se giraron los oficios”, manifestó Sequeira.

La asesora legal explicó que el ingreso del medicamento no es el problema, sino que señaló a los oficiales encargados de recibirlos de no hacerlos llegar al interno. “Lo que no se está cumpliendo es el proceso, el medicamento lo agarran, lo reciben, pero no se lo entregan al privado de libertad, eso es violatorio a los derechos humanos”, afirmó Sequeira.

En las personas de la tercera edad, sus enfermedades son visibles, el resto de detenidos están enfermos por diferentes causas, aunque ninguna para poderlos sacar de la cárcel, aclaró Sequeira.

“La ley establece que cuando ya son (enfermos crónicos) y están en riesgo sus vidas, como en el caso de Brenda, se les puede dar orden de libertad o una medida alterna a la prisión preventiva”, indicó la asesora.