•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Web

Moisés Antonio González Picado, de 29 años, se disponía a sacar su vehículo del parqueo que alquila cerca de su casa, en la colonia Máximo Jerez, cuando repentinamente hombres encapuchados y armados saltaron sobre él y se lo llevaron en un carro Toyota Yaris, color blanco.

"Eso ocurrió el jueves a eso de las 8:20 de la mañana, cuando mi esposo iba a buscar su carro para ir a trabajar, pero lo estaban esperando", dijo Maura Valeria Álvarez Gaitán, esposa de González Picado.

Después de descubrir que su esposo apareció en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote, Álvarez se decidió a interponer este lunes la denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Maura Valeria Álvarez Gaitán, denunció el secuestro de su esposo de Moisés González Picado ante la CPDH. Rafael Lara/ END

Destacó que ella primeramente interpuso la denuncia del secuestro en la Policía Nacional, pero lamenta que sus vecinos hayan preferido guardar silencio o algunos hayan respondido que no vieron nada.

Álvarez señaló que al inicio de las protestas contra el Gobierno de Nicaragua, su marido participó en marchas pero por temor luego prefirió no seguir asistiendo.

El asesor legal de CPDH, Pablo Cuevas, señaló que en quince días han registrado 3 denuncias de este tipo, con esta modalidad de secuestros, ejecutados por hombres armados y encapuchados.

"Es un método al mejor estilo de mafiosos. Si son autoridad (los secuestradores), tienen que seguir los procedimientos pero hacen caso omiso de las normas legales. Es un nuevo método de detención calificable como abuso de autoridad. Incluso ni siquiera se identifican ni informan de por qué es la captura", explicó el doctor Cuevas.

El representante del organismo defensor de los derechos humanos indicó que a pesar que en la DAJ no cumplen con las leyes y no acatan la Ley de Amparo, en este caso de la captura de González Picado, interpondrán un recurso de exhibición personal, siguiendo lo que por ley corresponde, "ya que luego de 48 horas este ciudadano debería estar libre o con una acusación judicial", explicó Cuevas.