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La creciente inestabilidad y grandes movimientos de personas a lo largo de Centroamérica suponen una dinámica compleja de desplazamientos que requieren respuestas integrales y regionales, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

“Solo en lo que va del 2018, alrededor de 40,000 personas han solicitado asilo, con los números más grandes en Costa Rica y México, citando violencia, persecución, riesgo de reclutamiento y factores socioeconómicos, como sus motivos para huir de países como Nicaragua, Venezuela y el norte de Centroamérica”, indicó Acnur.

Por otra parte, hasta mediados de 2018 el número de personas forzadas a huir de los países del norte de Centroamérica se incrementó a más de 311,000, dijo la agencia de Naciones Unidas.

Acnur indicó ayer que los países de Mesoamérica deben hacer más eficientes y justos sus sistemas de asilo, los cuales han sido puestos a prueba en los últimos meses con miles de desplazados forzados en la subregión.

“Los eventos en los últimos meses demuestran la necesidad de fortalecer los sistemas de recepción y admisión, y hacer más eficientes y justos los sistemas de asilo”, indicó Acnur en una declaración pública difundida este lunes en Panamá, donde tiene su oficina para Centroamérica, Cuba y México.

Sistemas puestos a prueba

La agencia mundial afirmó que en el primer aniversario de la firma de la Declaración de San Pedro Sula y el acuerdo del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) entre Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá, “sus sistemas de asilo son puestos a prueba por recientes emergencias en la región”.

Ahora mismo miles de migrantes avanzan en caravanas que cruzan Guatemala y México con la intención de llegar a EE. UU., cuyo Gobierno anunció este lunes que desplegará 5,200 soldados en su frontera con territorio mexicano para impedir que entren ilegalmente.

“La subregión, en su totalidad, se ha visto impactada como países de origen, tránsito y destino”, y ante esa situación “la aplicación del MIRPS y la puesta en marcha de los 180 compromisos adquiridos por los países en 2017, es precisamente el marco de responsabilidad compartida y trabajo conjunto a mediano y largo plazo que tiene el potencial de brindar protección a cientos de miles de personas desplazadas”.