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Entre enero y septiembre de este año, unos 52,000 nicaragüenses que ingresaron a Costa Rica se han quedado en su territorio, y más de 40,000 han manifestado al Estado costarricense la necesidad de protección, revela el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo de visita en Costa Rica entre el 14 y 18 de octubre de este año.

“De acuerdo a la información recibida por parte del Estado costarricense, se estima que desde enero hasta septiembre de 2018, alrededor de 52,000 (nicaragüenses) ingresaron a Costa Rica y se han quedado en el país. Por otra parte, la información suministrada indica que al momento de la realización de la visita se registraba un total de 40,386 personas que habían manifestado necesitar protección internacional en Costa Rica”, detalla el reporte.

Agrega que de los 52,000 nicaragüenses, un total de 13,697 personas habían formalizado ante las autoridades migratorias, su solicitud de asilo en el vecino país del sur.

“En este sentido, la CIDH observa que los meses en que se recibió un mayor número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado por parte de personas nicaragüenses han sido los meses de junio a agosto de 2018 (3,344, 5,279 y 4,055, respectivamente), cuando empezaron a evidenciarse otras formas de represión, criminalización y persecución en Nicaragua”, indica.

Puntos ciegos y albergues

Durante su visita a territorio costarricense, la CIDH estuvo en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, donde pudo “observar la parte del recorrido que realizan las personas nicaragüenses por senderos y pantanos para cruzar por “puntos ciegos” a Costa Rica, saltando el muro fronterizo”.

Asimismo, la delegación del organismo humanitario visitó el Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem), ubicado en el municipio de La Cruz; “donde entrevistó a personas nicaragüenses que solicitaban asilo y con necesidades de protección internacional y pudo constatar directamente las precarias condiciones en las que se encuentran albergadas”.

La misión de la CIDH también estuvo en el municipio de Upala, donde funciona el albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para niños y adolescentes migrantes no acompañados “y observó sus buenas condiciones y programas de atención”.

¿Quiénes son?

El reporte agrega que durante los cuatro días de visita, la CIDH recabó 259 testimonios de migrantes nicaragüenses que han solicitado asilo en Costa Rica, debido al estallido social ocurrido en Nicaragua desde abril pasado.

Basándose en estos testimonios, el organismo defensor de derechos humanos ha determinado que la mayor parte de quienes han migrado son en su mayoría estudiantes que participaron en las protestas, defensores de derechos humanos, líderes de movimientos sociales, campesinos, personas que han contribuido y apoyado a estas personas a través de la provisión de alimentos, casas de seguridad y medicinas, así como médicos, periodistas y exmilitares y policías que se han rehusado a participar en actos represivos ordenados por el Gobierno.

Desafíos

Aunque la CIDH reconoce al Gobierno costarricense la implementación de una “política de fronteras abiertas”, más una serie de políticas públicas en favor de los migrantes nicaragüenses, el organismo pudo detectar varios desafíos a los que se enfrentan los solicitantes de refugio.

El alto costo para acceder al trámite (únicamente a través de llamadas telefónicas), la larga duración de los procedimientos (hasta un año y medio sin recibir respuesta a la solicitud).

También destacan la falta de acceso a un trabajo, posible solo hasta después de nueve meses de haber solicitado la cita, y con un mínimo de 90 días de haber formalizado la solicitud de asilo.

Agrega “la negativa de las autoridades migratorias de adelantar el permiso laboral cuando se cuenta con una solicitud de empleo; la existencia de una lista taxativa de profesiones a las que se pueden dedicar; la falta de mayor información relativa a sus derechos y al procedimiento de asilo; la falta de apoyo sicosocial; y la dificultad de gozar efectivamente de sus derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y al trabajo”.

Finalmente, la CIDH hace un llamado al Gobierno nicaragüense a cesar la represión contra los manifestantes y la criminalización hacia los opositores, y pide al Estado garantizar la seguridad y libre movilidad de quienes residen en Nicaragua, y en caso de que alguien quiera salir del país, este pueda hacerlo de manera legal.