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Veintiún años de prisión está pidiendo la Fiscalía para los nueve estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) que sobrevivieron el ataque a la iglesia Divina Misericordia, en julio, a quienes el juez suplente Tercero Distrito Penal de Juicio de la capital, Álvaro Martínez declaró culpables de los delitos de terrorismo y portación ilegal de armas.

El fallo de culpabilidad recayó sobre Friedrich Castillo Huete, Jeffrey Isaac Jarquín, Justino Antonio Jarquín, Bryan Palma Arauz, Jorge Zapata Guillén, Pedro Aguilar Sánchez, Carlos Varela Pavón y Martín Jarquín Paz.

Una vez conocido el fallo este martes, la representación del Ministerio Público pidió 20 años de prisión por terrorismo y uno más por portación ilegal de armas para cada uno de los nueve sobrevivientes del ataque, quienes fueron capturados una semana después de ser rescatados y liberados en la catedral de Managua.

La abogada Verónica Nieto, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), durante la audiencia del debate de la pena solicitó al juez que recalifique el delito de terrorismo y lo califique como motín, sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión.

La abogada de los nueve universitario pidió seis de meses de privación de libertad por el ilícito de motín e igual pena por portación ilegal de armas, en ambos casos, se trata de la pena mínima.  

CPDH: “fallo injusto”

La abogada de la CPDH, quien ejerce la defensa de los nueve inculpados, calificó el fallo judicial de “injusto” y “desproporcionado”.

“No hay pruebas contra los muchachos (universitarios),  porque en su resolución el juez (Álvaro Martínez) los responsabiliza por la quema de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que ni siquiera es mencionado en la acusación”,  destacó la abogada de la CPDH.

En el fallo se inculpa a los universitarios por la quema de una planta (presuntamente eléctrica) en un CDI, pero no señala donde queda y tampoco a que se refiere con “planta”,  cuestiona la abogada de la CPDH.