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La tarde del martes 6 de noviembre fue funesta para aquellos nicaragüenses a quienes por ejercer su derecho a la protesta, la Fiscalía los ha acusado por diversos delitos. Esto porque 15 de ellos fueron declarados culpables en tres juicios diferentes.

Entre los 15 inculpados está el sicólogo granadino Roger Alfredo Martínez, de 35 años, a quien el juez suplente Carlos Alberto López Cano, lo declaró culpable por el delito de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas.

Una vez conocido el fallo de culpabilidad emitido por el juez suplente Tercero Distrito Penal de Juicio de la capital, Carlos Alberto Cano, la representación fiscal pidió la pena máxima de 8 años de prisión para el sicólogo.

Mientras que su abogado defensor, Maynor Curtis, solicitó al judicial recalificar los hechos a portación ilegal de armas y por ello pidió que su representado únicamente sea sancionado con seis meses de privación de libertad.

Plazo vencido

Durante el juicio, el abogado Maynor Curtis promovió una excepción por extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de juicio, que de acuerdo al Código Penal, es de 90 días con reo en prisión.

La defensa del profesional de la salud respaldó la excepción con el acta de audiencia preliminar, la que se celebró en el Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Granada el 17 de julio del 2018, por lo que al 6 de noviembre del mismo año habrían transcurrido 99 días, según el abogado Curtis.

Sin embargo, el juez Carlos López, quien rechazó lo alegado por el abogado defensor, sostiene que del 17 de julio a la fecha solo han transcurrido 78 días y no 99, a como sostiene la defensa con calendario en mano.

El abogado Maynor Curtis afirma que la condena contra el sicólogo granadino es un acto de “represalia” porque brindó atención médica a quienes resultaron heridos en las protestas antigubernamentales de meses anteriores y eran rechazados en el hospital público de esa ciudad.

Inverosímil 

En el Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, a cinco jóvenes originarios de Estelí, los declararon culpables por los delitos de obstrucción de funciones policiales y exposición de personas al peligro.

En este caso sucedió algo considerado inverosímil por los abogados defensores, cuando el policía que hizo el peritaje químico a Tobías Gadea, al declarar ante la jueza Alia Dominga Ampié, aseguró haber encontrado residuos de pólvora en los cinco dedos de cada mano del reo, cuando al imputado le faltan tres dedos de la mano derecha, revelaron los abogados defensores.

Los otros cuatro inculpados son: David Ortiz Rivera, Rowan Ruiz y los hermanos Kevin y Kitzel Pérez Valdivia. 

Los hermanos Valdivia son hijos del abogado Mathil Alexander Pérez Amador, quien también está en la cárcel por protestar contra el Gobierno.

Una vez conocido el fallo de culpabilidad, la Fiscalía pidió que los cinco jóvenes estelianos sean castigados con dos años por exposición de personas al peligro y cuatro años por obstrucción de funciones policiales.

Mientras que el abogado defensor, Boanerge Fornos, solicitó dos años y seis meses de privación de libertad por la sumatoria de los dos delitos.