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Tras más de 40 días detenido, Carlos Valle le hacía la misma pregunta a la madre de sus hijos, Rebeca Montenegro, cuando tocaba visita en la cárcel: “¿Y hasta cuándo voy a salir de aquí?”.

A Carlos Valle lo capturaron el 16 de septiembre, tras una manifestación en Managua y tiene, a la fecha, más de 50 días en la cárcel, pero nunca ha sido presentado ante un juez.

El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, asegura que Valle, padre de Elsa Valle, quien también estuvo detenida más de 70 días, sigue en la Direccion de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.

Después de 48 horas, tiempo límite que establece la ley para acusar a una persona de algún delito, Valle continúa sin acusación y, por ende, retenido más de lo debido, aseguró Montenegro.

“Cuando se cumplieron las 48 horas, nosotros metimos el recurso de exhibición personal. Es más, cuando salió el mandamiento del juez para nombrar un juez ejecutor, las autoridades de El Chipote no lo atendieron. Nosotros hemos gastado la vía legal ¿Qué más vamos a hacer?”, afirmó Montenegro.

La sentencia “saltarina”

Como el de Carlos Valle, hay otros casos de personas que han pasado detenidas más de 48 horas, contraviniendo lo establecido en las leyes de Nicaragua.

Pero, de acuerdo con los abogados, los jueces recurren a una vieja sentencia para defender este tipo de situaciones.

Se trata de la sentencia número 10, del 2014, emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual es conocida entre los abogados como la “saltarina” y sostienen que se ha convertido en la aliada perfecta de los jueces de audiencia para rechazar los reclamos de los litigantes por las detenciones que superan las 48 horas.

La referida sentencia establece que el juez de audiencia no es responsable de los atrasos que pudieron tener la Policía y la Fiscalía durante la etapa de investigación y que, por ende, no le quita competencia para conocer de las causas.

El artículo 33 de la Constitución, sin embargo, establece que toda persona que es arrestada por la Policía debe ser puesta a la orden del juez en un plazo máximo de 48 horas.

Esta disposición constitucional también es refrendada en el Código Procesal Penal.

Pero los jueces de audiencia, locales penales y especializados en violencia aplican esta sentencia “saltarina” desde hace varios años, y en los meses recientes su uso se ha vuelto más común en perjuicio de los reos que ha dejado la crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua el pasado 18 de abril.

Abogados y catedráticos que imparten clases de procesal penal en universidades públicas y privadas de Nicaragua aclararon que la violación al plazo de las 48 horas no anula el proceso, pero sí obliga al juez a ordenar la libertad del acusado, por detención ilegal.

“El no presentar ante el juez al reo en el plazo de las 48 horas no es motivo para anular el proceso, pero el judicial sí está obligado a ordenar que el procesado enfrente el juicio en libertad, porque se han violado derechos constitucionales y procesales”, explica un entrevistado, quien prefiere omitir su nombre.

Según los catedráticos consultados por El Nuevo Diario, una vez que el juez de audiencia constata que el reo ha sido presentado a los tribunales con el plazo de ley vencido, lo que procede es que dicte una medida distinta a la prisión preventiva, que podría ser arresto domiciliar.

“El dictar una medida distinta a la prisión preventiva no debe ser interpretado como si el caso se está dando por cerrado. Lo que estaría haciendo el juez es castigando a la Policía y Fiscalía por incumplir con lo establecido en la Constitución”, explicó un catedrático en Derecho Penal.

En el caso de Carlos Valle, el abogado Montenegro es tajante: “No sabemos cómo va a parar esto, no hay acusación, ni delito, ni prueba”, expresó.

Doble daño

Para Montenegro, prácticamente en ninguno de los casos de personas detenidas por protestar contra el Gobierno de Nicaragua se ha respetado el término constitucional de las 48 horas para investigar e interponer una acusación.

“Miramos que las personas pasaban 6 días, hasta 3 meses detenidos sin acusación formal. Evidentemente, en todos los casos se ha violentado este término constitucional (de las 48 horas)”, precisó.

En el caso de los Valle, ese tipo de detención se repitió, pues antes que Carlos Valle, su hija (Elsa), también estuvo detenida más de 48 horas sin pasar ante un juez.

“Siento mucha tristeza que mi papá, que tiene 60 años, esté pasando por lo que yo pasé. Yo soy joven y tengo un poco más de fuerza que él”, afirma Valle.

La familia Valle espera la respuesta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre un recurso de amparo que introdujeron hace unas semanas.

Carlos Valle se encuentra triste, dicen sus familiares.

El hombre, de 60 años, está en la celda número 18, junto a un señor acusado de terrorismo, llamado Abdul Montoya, a quien las autoridades involucran en la muerte a balazos de Lenin Díaz Mendiola, en Matagalpa.

El caso de elsa

Elsa Valle afirma que en las primeras 48 horas de su arresto, cerca de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), fue llevada a las celdas de El Chipote.

Ella esperaba salir en las primeras 48 horas, ya que no le encontraron nada al momento de su detención.

“Creo que intentaban sacarnos información. Me desesperé. Lloraba bastante cuando me hacían los interrogatorios a la 2 de la madrugada”, confiesa.

A Valle la liberaron el 27 de septiembre. Su padre sigue arrestado.