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1. En octubre de 2016, en una presentación organizada por AmCham Nicaragua, de forma retrospectiva, destaqué la capacidad del régimen de Daniel Ortega para apaciguar las exigencias inmediatas de su clientela, ya fuese por medio de bonos salariales a los empleados del Estado, o, a modo de ejemplo, repartiendo láminas de zinc entre los más pobres del país.

Lo dicho, el régimen de Ortega lo logró sin desordenar las finanzas públicas y sin ampliar desmesuradamente la esfera estatal, tal como ocurrió durante los años 80 en los gobiernos sandinistas, animando a los empresarios (nacionales y extranjeros) a invertir parte de sus ahorros en Nicaragua, lo que hizo posible tasas de crecimiento cercanas al 5% durante los últimos siete años.

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Esta capacidad de repartir para lo inmediato, sin perder la estabilidad macroeconómica, desde un punto de vista estrictamente fiscal, lo denominé “populismo responsable”, lo cual era factible, tomando en cuenta lo “barato” de las exigencias clientelares propias de los nicaragüenses de menores ingresos, y la relativa abundancia de recursos de uso discrecional provenientes del arreglo petrolero entre Hugo Chávez y Daniel Ortega.

Rosario Murillo y Daniel Ortega. Archivo/END

En esa ocasión, también destaqué que la fase fácil del populismo responsable se le agotaba al régimen de D. Ortega, para lo cual me basé en dos grandes tendencias, las cuales se movían en direcciones opuestas, como los movimientos de un par de tijeras: por un lado, los recursos venezolanos disminuían rápidamente, de un promedio superior a los 500 millones de USD anuales entre 2010-2014 (prestamos de PDVSA), a 296 millones en 2015, y a 136 millones en el 2016, mientras en el 2017, los prestamos apenas llegaron a 31 millones de USD; y por el otro, las expectativas de los nicaragüenses -- si bien es cierto, siempre modestas --, iban en crecimiento, producto de un PIB p/h que pasó de 960 USD en 2006, a más de 2,000 USD en el 2017.

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Para entonces, la mediación entre Estado y sociedad se tornaba más difícil, puesto que el aparato de D. Ortega contaba con menos recursos, mientras aumentaban las exigencias de una gran parte de los nicaragüenses con expectativas propias de la clase media, entre los que destacaba una comunidad universitaria cercana a los 200 mil estudiantes, quienes anticipan ingresos correspondientes a sus títulos profesionales, todos ellos conectados entre sí por medio de las redes sociales, en base a las cuales convocaban a las protestas a favor de la preservación del medio ambiente y en contra de los abusos de poder, corrupción, conflictos de interés, o las medidas oficiales con pretensiones de regular/controlar el uso del internet y las redes sociales.

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Todavía en el 2013, según los resultados de Latinobarómetro, cuando se les preguntaba a los encuestados… “¿alguna vez en su vida ha usado usted correo electrónico o se ha conectado a Internet?” En el caso de los nicaragüenses, 78% respondió que “no, nunca”, el porcentaje más alto de los 18 países latinoamericanos donde se realizaron encuestas en ese año.  Sin embargo, hoy, más del 45 % de los nicaragüenses están conectados al internet, participando activamente en las redes sociales, sumándose entre enero del 2017 y enero del 2018, 500 mil nuevos usuarios a la comunidad digital, tal como lo señala el Global Digital Report de 2018, una ampliación notable, facilitada por la iniciativa gubernamental de ofrecer wifi de libre disponibilidad en los espacios públicos.

Protestas por reformas al INSS. Archivo/END

2. A finales de 2016, estaba claro, de que si el régimen de Ortega pretendía perdurar, tenía que ser capaz de reinventarse, puesto que una gran parte de la sociedad nicaragüense (cada vez más numerosa) no estaba conforme con la “autocracia efectiva”, capaz hasta entonces de ofrecer crecimiento sostenido y seguridad ciudadana, pero con un modo de gobierno absoluto, con las potestades propias de una monarquía del siglo XVI, renuente a ofrecer ni siquiera gestos de cortesía con las formalidades de la legalidad democrática. En todo caso, el rápido tránsito de clientes a ciudadanos -- en el cual, los reclamos de los últimos superaban las láminas de zinc, precisamente, cuando el régimen contaba con menos recursos para apaciguarlos --, presentaba un escenario en el cual la autocracia dejaba de ser efectiva, lo que hasta entonces “compensaba” por sus carencias de legalidad y legitimidad.

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Las elecciones presidenciales del 2016, después de varios procesos electorales seriamente cuestionados, fueron para el gobernante una oportunidad perdida de revestir su autoridad con legitimidad de origen, ofreciendo un ejercicio electoral creíble, sobre todo, si se tomaba en cuenta la votación simulada de mayo del 2016 realizada por Cid-Gallup Latinoamérica, en la cual, Ortega recibió 57% de los votos, seguido por 39% de votos nulos o en blanco.

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Todavía para la fecha del ejercicio de votación simulada de “caja negra”, Ortega gozaba de su piso electoral histórico, y de los remanentes de su gestión sobre la base de abundancias de recursos y de bajas expectativas clientelares, ventajas como hemos anotado a lo largo de este breve ensayo, que tendían a desaparecer rápidamente. Sin embargo, todas sus acciones a partir de junio del 2016, cuando fue confirmado como el candidato presidencial de su aparato, hasta el momento en que seleccionó a su cónyuge como su fórmula vicepresidencial, se afanaron en restarle legitimidad a los resultados de los comicios electorales, con lo cual estaba anulando el alegato de que su mandato presidencial, legalmente, termina a finales del 2021.

Diálogo Nicaragua. Archivo/END

El nombramiento de Rosario Murillo en el cargo formal de la vicepresidencia no solo oficializaba su sucesión a la primera magistratura en caso de que Ortega faltase o estuviese incapacitado para gobernar, sino que también, al interior del aparato sandinista se terminaba de consolidar su figura como la dominante, proyectándose como su candidata en el 2021.

La consolidación de Murillo en el aparato sandinista, no solo requería el desplazamiento a roles secundarios de las grandes figuras del sandinismo, sino que también, de figuras de menor rango, pero de relevancia histórica, que fueron separados de sus cargos en los diferentes órganos del Estado o del partido, bajo el pretexto de garantizar mayor equidad de género y promover a nuevas generaciones. Estas medidas le restaron cohesión al aparato partidario, con muchos de sus militantes con pensamiento propio, no solamente perdiendo el entusiasmo por las movilizaciones espontáneas de otrora, sino que también sumándose como participantes activos a las protestas ciudadanas que iniciaron en abril de este año.

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En efecto, previó a su nombramiento como la compañera de fórmula de Ortega, Murillo ejercía las funciones de una suerte de primer ministro, a cargo de lo cotidiano, centralizando en su escritorio todas las decisiones en los órganos estatales y del aparato partidario, anulando la capacidad de tomar decisiones en sus ámbitos de responsabilidad institucional a los ministros, alcaldes, jefes policiales, para no decir nada de los responsables de las diferentes funciones del aparato partidario. Más aún, Murillo se ubicó como la mediadora exclusiva entre el soberano y el “resto”, sin que nadie se pudiese comunicar con Ortega sin su consentimiento, dando la impresión de un Ortega secuestrado por su cónyuge, de tal modo, que cuando ocurrió la explosión de abril, la energía popular en un inicio se descargó en contra de su figura.

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A fin de cuentas, un modo de gobierno tan absoluto, tan centralista, tan personalista, aún en una sociedad tradicional como la nicaragüense (tal como Max Weber tipifica la sociedad tradicional), no resultaba viable en un contexto de menos clientelismo y más ciudadanía, de una masa crítica de estudiantes universitarios conectados por el internet y las redes sociales, con un aparato partidario partido en dos como resultado de la sucesión de Daniel a Rosario, y de una merma considerable de los flujos de recursos externos de uso discrecional. Consideren que en el 2011, el total de la cooperación externa se acercó a los 1,500 millones de USD, de los cuales 40% provenían de préstamos de PDVSA y 36% de préstamos de los organismos multilaterales. En el 2017, el total de la cooperación externa disminuyó a 981 millones de USD, de los cuales  solamente 3% vinieron de los préstamos de PDVSA, y 79% de los organismos multilaterales. 

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3. Los sucesos de los últimos meses, en los cuales las manifestaciones de descontento popular visible han sido mayúsculas, y la reacción del régimen de Ortega a estas manifestaciones ha sido acudir a los diferentes modos de coerción, en los que sobresalieron el uso de paramilitares, han obligado al Congreso y a la burocracia del Ejecutivo en los EE. UU. a formular una política hacia Nicaragua, en la cual, los imperativos de democracia y derechos humanos, están por encima de otras consideraciones, tales como los posibles vacíos de autoridad, en medio de una región centroamericana abrumada por sus presiones sociales.

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El crecimiento de la economía nicaragüense de los últimos años, paradójicamente, para un gobierno de origen sandinista como el de Ortega, en gran medida se debe a su cercanía económica a los EE. UU., aprovechando las ventajas que ofrece el Cafta, los flujos de inversión extranjera directa y los ingresos del turismo. Es un crecimiento en dependencia del ecosistema occidental, en el cual los EE. UU. juega un rol sobresaliente y, por lo tanto, es un crecimiento que en gran medida está en función de las decisiones que tome la sociedad política de ese país, decisiones (en este caso punitivas como el Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018 y el Global Magnitsky) que no tienen ningún costo en la comunidad internacional, contrario a como fue durante la década de los ochenta.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Archivo/END

En abril de 2013, en un trabajo realizado para Fusades en El Salvador sobre las condiciones de la democracia en Centroamérica, elaboré las siguientes preguntas, precisamente, las preguntas a las que hoy Ortega tiene que encontrarle respuestas. Pregunté entonces:

“¿Qué ocurría con el gobierno de Daniel Ortega si la cooperación venezolana desapareciese, como ocurrió con la de la Unión Soviética a finales de la década de los ochenta del siglo pasado?  Inclusive, ¿qué ocurriría si la cooperación tradicional de organismos como el BID, deja de fluir a los niveles de los últimos años? ¿Qué ocurriría con su modelo de populismo responsable? Aún más, supongamos que el gobierno de Ortega perdura, y la economía continúa creciendo a ritmos satisfactorios y las expectativas de los nicaragüenses se tornan más exigentes, transformándose en el proceso, en un cuerpo social con más sentido de ciudadanía que de clientelismo, ¿será entonces cuando su régimen se enfrente a una suerte de brecha política tal como la elaboró S. Huntington en su clásico de 1968 (Orden Político en Sociedades en Cambio), la misma que enfrentó el régimen de los Somoza a finales de los años setenta del siglo pasado?”

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Luego, la esperanza de que aprendamos de las lecciones de nuestra historia, centradas en ¿cómo cerrar la brecha política?, ¿cómo administrar las crisis de sucesión?, ¿cómo el gobernante se debe saber ir?, de tal manera que le ofrezca al país el aterrizaje suave, que facilite la recuperación económica y la deseada y elusiva gobernanza democrática.

Protestantes detenidos en Nicaragua. Archivo/END

En el caso de Nicaragua, la crisis terminal del régimen de los Somoza arroja tantas lecciones de oportunidades perdidas, como por ejemplo, la insistencia del último Somoza de concluir su mandato presidencial “legalmente estipulado” en 1981, despreciando hasta que fue muy tarde, la opción de elecciones adelantadas. Si Ortega pretende continuar gobernando hasta el 2021, solamente podrá hacerlo en un estado policial, con una economía deprimida, en franco retroceso, y con un movimiento Sandinista devaluado y sin energías para recomponerse como fue el caso en 1990.

No obstante esto último, y a pesar de meses de represión, de manifestantes ultimados a balazos, y de centenares de ciudadanos detenidos arbitrariamente, en el sondeo de Ética y Transparencia del primero de septiembre de este año, cuando se preguntó “si en la presente crisis, ¿cree usted que el presidente Ortega está actuando por el bien de todos los nicaragüenses?”, el 31% respondió que sí, un porcentaje similar al 13% que se identificó como danielistas y 21% como sandinistas. Por su parte, las numerosas fuerzas de oposición todavía no cuentan con la cohesión y el liderazgo para capitalizar el hecho de que ahora ellos son mayoría social. Y si bien es cierto los miembros de la sociedad política de EE. UU. no transarán con un  gobierno de Ortega que pretende perdurar tal como es, al menos en lo queda de este año, los miembros de la sociedad política estadounidense dan la impresión de estar dispuestos a encontrar un arreglo con el régimen de Ortega -- tal como reza la sección 2 del proyecto de ley del Senado.323
3 --, sobre la base de elecciones adelantadas, resultado de “negociaciones creíbles”, mediadas por la Iglesia católica, entre el Gobierno y los “representantes de la sociedad civil nicaragüense, el movimiento estudiantil, el sector privado y la oposición política”.

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Por ahora, hay un empate entre Ortega con su aparato coercitivo, y la gran mayoría de la sociedad nicaragüense, el cual, mientras dure, en el mejor de los casos, lleva el país a la parálisis, por no decir que vamos en cámara rápida hacia una crisis como la de Venezuela. Cierto, el régimen de Ortega está agotado, sin futuro, pero cuenta con una correlación de fuerzas que hace costosa y prolongada su salida.

Protestas por reformas al INSS. Archivo/END

La esperanza de los nicaragüenses de que solo falta el golpe de gracia para terminar pronto con el régimen de Ortega, ya sea mediante una movilización popular masiva que ocupa permanentemente las calles de Managua o que el Gobierno de los Estados Unidos tome más medidas contundentes, un paro económico indefinido o los militares (aunque sea haciendo ruido con sus bayonetas en los cuarteles), si se quiere, “algo grande”, que termine de rebasar el vaso de agua, no es una esperanza vana, pero no deja de ser una esperanza.

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Por ahora, lo algo “grande” continúan siendo las elecciones adelantadas, sin presos políticos, en el contexto del diálogo nacional con la suma de otros actores si las condiciones así lo requieren, con la presencia activa de la OEA y otros organismos similares, abocados a crear en Nicaragua las condiciones para comicios electorales creíbles, con observadores nacionales e internacionales, sin inhibiciones arbitrarias para aquellos que tengan la voluntad de participar en los comicios adelantados como opciones independientes o como partes de coaliciones.

Pero si el régimen de Ortega continúa aferrado al error del último de los Somoza, de concluir con su mandato “legalmente” estipulado en el 2021, Nicaragua no recuperará su “normalidad” y continuáremos siendo un país que vive en la oscuridad de la incertidumbre, lo que hará muy difícil la recuperación económica, de tal modo que la “salida razonable”, inclusive para el propio gobernante, y para el sandinismo deliberante con aspiraciones a conservarse como una fuerza viable en el futuro, es la de las elecciones adelantadas, amparadas por una nueva arquitectura que le ofrezca a los nicaragüenses un país con fluidez en sus transacciones políticas, sin que ninguna minoría organizada ejerza el poder del veto sobre las decisiones de un gobierno electo por la mayoría absoluta del sufragio electoral. 

*El autor es catedrático del INCAE y fue embajador de Nicaragua en los Estados Unidos.