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La música y el baile han sido siempre parte integral en la vida de Dilon Zeledón Ramos. Ya fuese participando en una danza típica del norte, de donde es originario o tocando una melodía con su guitarra.

Estas dotes artísticas las demostraba en cada lugar que podía y fueron las que le permitieron ser parte del grupo de baile de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa (Farem), en donde estudiaba el cuarto año de Contaduría Pública.

En abril, cuando estallaron las protestas contra el Gobierno, y a pesar de ser miembro de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el joven de 20 años se sumó a las manifestaciones.

“Él estuvo participando en las protestas y a las 3:16 p.m. del 21 de julio fue detenido en la calle principal por parapolicías en Matagalpa”, rememora su padre, Juan Antonio Zeledón.

“Hay un dato curioso, el parapolicía que lo capturó se bachilleró conmigo y el oficial de policía que también participó en el operativo, vive a una cuadra de la casa”, contó Zeledón.

Maltratado

El padre agregó que después de haber sido sometido, lo trasladaron al plantel de la Alcaldía de Matagalpa, donde lo golpearon. Posteriormente, lo enviaron hacia la delegación policial y esa misma noche fue trasladado a Managua, a la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote.

A partir de ese momento, los golpes e interrogatorios prolongados comenzaron a ser parte de la rutina del muchacho matagalpino.

“A veces me pregunto por qué tanta saña. Qué tipo de información creían que podía decirles un chavalo de 20 años”, agregó Zeledón.

Eimy Ramos, madre del estudiante, todavía habla con la voz afectada y entrecortada. “Le amarraron los brazos y lo tiraban hacia arriba, le golpeaban los genitales, también le echaban en agua”, dijo.

De acuerdo con la mamá, en total, transcurrieron 10 días antes de que ella pudiera ver a su hijo por primera vez desde su captura y él le contara lo que había vivido en el lugar.

“En El Chipote estuvo siete días más y el 8 de agosto fue enviado al Sistema Penitenciario”, dijo Ramos.

Pérdida de la audición

Desde la fecha en la que Dilon fue trasladado a la cárcel La Modelo, sus padres han podido verle cuatro veces, la última fue el pasado 13 de noviembre, sin embargo, fue durante la primera visita que su mamá notó que el joven no escuchaba bien.

“Me contó que cuando estuvo en El Chipote, varias veces los que lo maltrataban se colocaron detrás de él y con las palmas de las manos le golpeaban fuerte los oídos hasta que le salía sangre”, contó Ramos.

Los padres denuncian que las golpizas propinadas afectaron el oído derecho de Zeledón Ramos, al punto de perder la audición y generarle fuertes fiebres e inclusive, convulsiones.

Al respecto, la abogada de la familia, Yunarki Martínez, explicó que ha presentado cuatro oficios legales, los cuales han contado con el visto bueno de los jueces y se ha autorizado el ingreso de un médico especialista para que valore la condición de salud del joven, “sin embargo, hasta ahora los únicos que han evaluado a Dilon son médicos generales o estudiantes de Medicina”.

Sobre el juicio

En septiembre pasado, Abelardo Alvir Ramos, titular del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Managua, encontró “pruebas suficientes” para enviar a juicio a Zeledón Ramos.

Entre los delitos que le imputan está la supuesta quema del plantel municipal en Matagalpa, así como agresiones contra personas, robo agravado y portación ilegal de armas.

Con respecto a la causa legal que se le sigue a Zeledón Ramos, la abogada precisó que se han cometido una serie de irregularidades, entre las que destacó el secuestro del que fue víctima el joven, las torturas a las que fue sometido y la negativa de brindarle una adecuada atención médica.

La primera audiencia del juicio fue el pasado 5 de noviembre y la continuación será este próximo 26 de noviembre.

De acuerdo con la abogada Martínez, las violaciones a los derechos humanos de Zeledón Ramos son muchas, por ejemplo, en la primera audiencia, a los dos testigos presentados por la Fiscalía se les permitió el ingreso a los tribunales sin haber presentado su cédula de identidad, además, resultaron ser trabajadores de la delegación departamental del partido de gobierno.