• Managua, Nicaragua |
  • |
  • |
  • Edición Impresa

El desfile de personas acusadas por haber participado en las protestas contra el gobierno crece cada día en los Juzgados de Managua y los departamentos. Al 21 de agosto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) tenía registrados 178 ciudadanos enjuiciados y al 14 de noviembre ya eran 431 los procesados.

Según el Cenidh, hay 602 detenidos por la misma causa, de los cuales más de 150 no han sido llevados a los juzgados. Por género, son 536 hombres, 46 mujeres y 4 transgénero.

Salvador Marenco, abogado del Cenidh, señaló que desde que comenzaron los procesos judiciales a las personas capturadas en el contexto de las protestas, 61 han sido condenadas (55 son hombres y 6 mujeres) y 28 sobreseídas (19 hombres y 9 mujeres).

“Dependiendo de los cargos, las sentencias de condena van desde los seis a los 90 años”, indicó Marenco, aclarando que a pesar de la sentencia, la persona condenada sólo cumplirá la condena máxima permitida por la ley en Nicaragua, que constitucionalmente es de 30 años.

Un caso que sobresale es el de Carlos Bonilla, el manifestante acusado y declarado culpable por los delitos de asesinato agravado contra el oficial Hilton Rafael Manzanares Alvarado, y por asesinato agravado en grado de frustración contra otros cuatro policías. Fue condenado a 90 años de prisión.

Más de Managua

De los 602 detenidos, 586 están bajo resguardo carcelario, 14 tienen casa por cárcel y dos llevan los procesos en libertad.

En las cárceles, hay protestantes de 16 departamentos del país, pero la mayoría son de Managua, 182. Le siguen Carazo con 61, Matagalpa, 47 y Masaya, 41. Del resto de departamentos hay 30 o menos personas encarceladas, por cada uno.

El abogado del Cenidh destacó que en todos estos procesos judiciales se han observado anomalías, desde la detención misma cuando ha sido realizada sin orden de captura, hasta sobrepasar el tiempo de detención sin ser puestos a la orden del juez, que es de 48 horas, lo que ha ocurrido en casi todos los casos.

“El proceso judicial mismo comienza con anomalías. En el Código Procesal Penal, el artículo 95 dice que se le debe informar a la familia del detenido dónde está ubicado, las causas y si va a ser procesado. Sin embargo, este derecho ha sido negado por la Policía. Desde ahí hay un proceso judicial viciado, porque las garantías del imputado comienzan desde el momento de su detención”, explicó Marenco.

En uno de los procesos, el Ministerio Público llevó ante el juez a 9 jóvenes detenidos antes de la reforma a la Ley 977, y pretendió acusarlos bajo la nueva definición de terrorismo, cuando la Constitución Política dicta que cualquier reforma no puede ser aplicada a casos anteriores a su aprobación y publicación en la Gaceta, el diario oficial.

“Debido a la protesta y rechazo público, el judicial, en audiencias posteriores, corrigió la situación, aunque quedó demostrado que el juicio comenzó con errores. Asimismo, hay otros tipos de casos muy puntuales que por violar las garantías al debido proceso deberían ser nulos”, alegó Marenco.

Menos denuncias

En la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), las denuncias de arresto han disminuido en 63% en los últimos cuatro meses, informó la directora jurídica, Karla Sequeira.

Los datos de la CPDH indican que durante la crisis sociopolítica el mayor pico de denuncias se registró en julio, con 928, por el recrudecimiento de la persecución a protestantes, por parapolicías y policías, y en agosto se redujo a 588.

“En septiembre fueron 355 y el mes pasado (octubre) fue de 342 denuncias. Éstas han ido bajando porque ya no se están visibilizando tanto las detenciones que hace la Policía, justamente porque la gente está con miedo”, comentó la abogada.

Explicó que muchas familias declinan denunciar, por temor a que resulte peor para la persona que está en manos de la Policía.

“Hay un caso en el barrio Carlos Marx, de un muchacho que desapareció por 28 días a manos de encapuchados y los familiares comenzaron a buscar en las estaciones policiales, sin denunciar. Hasta hace poco lograron conocer que lo están procesando por la supuesta retención de tres pipas de la Alcaldía de Managua, lo que es una desventaja desde el punto de vista legal, ya que a falta de un registro de la detención no se puede recurrir a un recurso de exhibición personal”, dijo Sequeira.

La directora jurídica de la CPDH señaló que algunos piensan que entre menos bulla se haga, será más fácil sacar al prisionero, pero ella considera que es más prudente hacerlo público, porque se presiona y se informa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de esa manera no quedan ocultas las violaciones a los derechos humanos.