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La fiscal auxiliar de Managua, Catalina Hernández Escoto, pidió penas entre 55 y 75 años de prisión para cuatro manifestantes diriambinos a quienes la jueza Adela Cardoza declaró culpable de ocho delitos.

Las condenas que sobrepasan la pena máxima de 30 años de prisión que establece la Constitución las hizo la fiscal después de conocerse el fallo de culpabilidad que recayó sobre Orlando y Henry Valverde Ortiz (quienes son hermanos), Richard Sebastián López y su pareja, Eddy Gertrudis González Padilla.

En el fallo se inculpa a Eddy González y a los hermanos Valverde Ortiz por los ilícitos de terrorismo, daño agravado, robo agravado, portación ilegal de armas, entorpecimiento del servicio público (transporte), tentativa de homicidio y facilitación para evasión y quebrantamiento de condena.

Mientras a Richard Sebastián López, alias “La Quecha”, la jueza Segundo Distrito Penal de Juicio de la capital (Adela Cardoza) lo encontró culpable de los ilícitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo.

Por su parte, la abogada Karla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien defiende a los cuatro diriambinos, pidió las penas mínimas por cada delito para su representado.

Para los tres inculpados por siete de los ocho delitos, la abogada de la CPDH solicitó46 años, y para Richard Sebastián López, quien fue declarado culpable por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, solicitó los 30 años.

Cabe mencionar que aunque la jueza Cardoza imponga las penas máximas a cada reo, ellos solo cumplirán 30 años de privación de libertad.

Hechos

Los reos son señalados de participar en los tranques de Diriamba entre el 12 de junio y 9 de julio.

A los hermanos Valverde Ortiz y a la pareja López González, la Fiscalía les atribuye la quema de la delegación policial de Diriamba, Carazo, que ocurrió entre la medianoche del 12 de junio y la madrugada del día siguiente.

Por la destrucción de la sede policial, la afectación económica asciende a 9 millones 545 mil 80 córdobas, de los cuales más de siete millones corresponden a la infraestructura del local y dos millones al mobiliario, refiere la acusación fiscal.