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La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) declaró su preocupación por la detención de ciudadanos nicaragüenses en las protestas, y que a muchos de ellos se les están violando sus derechos en los juicios.

“Seguimos muy preocupados por las informaciones que recibimos que las autoridades nicaragüenses siguen criminalizando la acción legítima de los líderes sociales y otros participantes en las protestas”, dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell.

Agregó que su oficina también ha recibido denuncias de que se están violando los derechos a un juicio justo en los procesos penales que se han abierto contra campesinos, líderes estudiantiles y otras personas involucradas en las protestas contra el Gobierno de Nicaragua.

La ONU informó que la disminución de las protestas que se ha observado en los últimos meses en Nicaragua no indica necesariamente que se haya retornado a la normalidad, y que teme que más bien sea debido a las acciones de las autoridades para disuadir a la gente de movilizarse.

Denunció que en los últimos diez días, dos prominentes líderes del Movimiento Campesino fueron detenidos.

Según las cifras comunicadas por el Gobierno al organismo de derechos humanos, 273 personas habían sido detenidas en conexión con las protestas al pasado 5 de noviembre, una cifra que difiere fuertemente de la que manejan las organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, actualmente 586 personas estarían detenidas en relación con las manifestaciones.

La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de más de 300 muertes.

El Gobierno ha negado todas las acusaciones en su contra y ha asegurado que se trató de un intento de “golpe de Estado”.

La Oficina de la ONU en Ginebra dijo que continuará vigilando la situación de derechos humanos en Nicaragua, lo que por el momento debe seguir haciendo desde el exterior, porque el Gobierno no permite la entrada de sus observadores.

El Gobierno expulsó a la representación de la Oacnudh el 31 de agosto, luego que un día antes este organismo brindara un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno durante las protestas.

Posteriormente, en un acto público, el presidente Daniel Ortega calificó a la Oacnudh como “instrumento del terror y la mentira”.