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La propuesta de ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua, que impone sanciones al gobierno de Nicaragua por señalamientos de violaciones a los derechos humanos y por actos de corrupción, ha sido aprobada hoy en el Senado de Estados Unidos, confirmó la excongresista Ileana Ros-Lehtinen.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Archivo/END

La iniciativa, que es una fusión entre la Nica Act propuesta por la excongresista con otra presentada por el senador Bob Menéndez, se aprobó por unanimidad en el Senado estadounidense.

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Esta iniciativa "busca imponer sanciones adicionales a funcionarios del régimen en Nicaragua", dijo la excongresista.

Este proyecto de ley también sanciona a los cooperadores del gobierno en actos de violación a los derechos humanos y de corrupción.

El senador Bob Menéndez, uno de los impulsores de la ley Nica. Archivo/END

Ahora pasará al Congreso y, de ser aprobada por este, deberá ser sancionada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para convertirse en ley.

Este proyecto ha sido aprobado el mismo día en que el propio Trump firmó una ley que declara emergencia por la respuesta que tuvo el gobierno de Nicaragua en contra de los protestantes.

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También coincide con una sanción que emitió el Departamento del Tesoro en contra de la vicepresidenta de Nicaragua y el asesor del presidente en temas de seguridad.

Fachada del Senado de Estados Unidos. Archivo/END

El gobierno nicaragüense no ha emitido ninguna reacción ante la aprobación de la ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua.

De acuerdo con Menéndez, estos son los puntos clave del proyecto de ley:

  • Apoyo a una solución negociada para la crisis de Nicaragua que incluye el compromiso de celebrar elecciones anticipadas que cumplan con los estándares democráticos y el cese de la violencia.
  • Sanciones dirigidas contra funcionarios del gobierno nicaragüense responsables de violaciones de Derechos Humanos, corrupción o socavamiento de procesos democráticos.
  • Restricciones a los préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua, con la excepción del financiamiento continuo para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense.
  • Una exención anual que levantaría el requisito de imponer sanciones si el Departamento de Estado logra certificar que el gobierno de Ortega está tomando medidas para celebrar elecciones democráticas, mejorar las condiciones de los Derechos Humanos, combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho.
  • Aumento de los informes de la comunidad de inteligencia sobre el papel de los funcionarios nicaragüenses en la corrupción y las violaciones de los Derechos Humanos, así como del otorgamiento de armas a las fuerzas de seguridad nicaragüenses